El Gobierno de Argentina ha aprobado por decreto una modificación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado en virtud de la que dejará de conceder esta condición a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos graves, actos de terrorismo o crímenes internacionales.
Asimismo, esta disposición también incluye la retirada del estatus de refugiado a aquellas personas que se acojan a la protección en su país de origen, que recuperen la nacionalidad perdida, que adquieran una nueva nacionalidad con protección o que se establezcan en el país que habían abandonado.
Las autoridades argentinas han argumentado que en la actualidad existe una cifra significativa de migrantes que presentan solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) por motivos que no guardan relación con la definición de refugiado recogida por la legislación.
Todo esto hace que, debido a la "lentitud del procedimiento administrativo" y también del proceso judicial, haya casos en que solicitantes de la condición de refugiado que sí cumplen con las condiciones establecidas vean "obstruido o dilatado" sus trámites, según recoge el diario 'Clarín'.
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