Víctimas del franquismo lamentan que la nueva Fiscalía de Memoria Democrática no se traduzca en investigaciones penales

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha lamentado este lunes que la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos --a cargo de Dolores Delgado-- no haya conllevado el inicio de acciones penales en los tribunales, al tiempo que ha denunciado que más de una decena de querellas han sido inadmitidas o archivadas en los dos años que lleva vigente la Ley de Memoria Democrática.

En un comunicado difundido con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, CEAQUA señala que "la impunidad y la falta de acción decidida para esclarecer la verdad sobre los graves crímenes cometidos durante el franquismo son los grandes puntos negros de esta norma".

Al hilo, asegura que "es esencial" que el Parlamento modifique la Ley de Amnistía de 1977, que reforme el Código Penal para incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho internacional y que apruebe la Ley de Bebés Robados.

La Coordinadora incide en que la Ley de Memoria Democrática "no elimina los obstáculos para que puedan investigarse judicialmente los crímenes del franquismo, ni para que se pueda avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en ese período".

Desde CEAQUA recalcan que "en los últimos años" se han presentado más de 100 querellas por torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo. "Más de una decena de estas querellas han sido interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Todas se han inadmitido o archivado", subraya.

Así las cosas, aunque ve positiva la creación de esta Fiscalía especializada señala que --"a pesar" de su "posicionamiento y apoyo"-- ésta "no ha iniciado ninguna acción penal ante los tribunales para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron estas graves violaciones de Derechos Humanos".

Cabe recordar que la Fiscalía de Memoria Democrática, creada tras la entrada en vigor de la ley, no tiene funciones jurisdiccionales, por lo que suele actuar de apoyo a los fiscales provinciales en casos relativos a víctimas del franquismo, pero no puede impulsar investigaciones por sí sola.

VE "LENTITUD" EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Además, la Coordinadora denuncia que "la implementación de la ley está llevándose a cabo con preocupante lentitud". Como "evidencia", recalca la falta de su desarrollo reglamentario o que el establecimiento de tres comisiones técnicas contempladas en la ley se haya producido año y medio después de su entrada en vigor.

"En concreto, el pasado mes de abril se impulsó la creación de tres comisiones de Memoria, que entre otros aspectos evaluarán qué víctimas, que aún no hayan recibido compensación, tendrán derecho a ella; estudiarán vulneraciones de Derechos Humanos entre 1978 y 1983; y elaborarán un informe sobre las medidas necesarias para la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición respecto de la situación histórica del pueblo gitano. A día de hoy, no tenemos noticias de que dichas comisiones hayan empezado a funcionar, ni de cómo van a hacerlo", apunta.

Al hilo, afea que, "aunque el Estado parece estar tomando un papel activo al liderar las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros", el modelo general continúe "delegando" estos trabajos en organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de Memoria y algunos proyectos de universidades, "que son las que han llevado a cabo este tipo de acciones durante décadas".

Asimismo, denuncia que en los últimos meses algunas comunidades autónomas han impulsado leyes que derogan o sustituyen leyes autonómicas de Memoria previamente aprobadas, "impactando negativamente en los derechos de las víctimas del franquismo", en referencia a los casos de Aragón, Baleares, Cantabria o Extremadura.

Por ello, insta a que las comunidades autónomas que han aprobado o están en proceso de aprobar nuevas normativas sobre Memoria "garanticen la preservación histórica de la memoria colectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo", y "permitan" a las entidades que trabajan por las víctimas "mantener su rol consultivo y desarrollar su ámbito de actuación sin limitaciones ni restricciones indebidas".

No obstante, celebra que desde la entrada en vigor de la ley se hayan producido "algunos avances en materia de Memoria Democrática, como la nulidad de alguna sentencia dictada en el marco de procedimientos injustos que se está reflejando en los expedientes judiciales, como es el caso de algunas condenas a muerte dictadas entre 1974 y 1975".

RECUERDA LA POSTURA DEL CONSTITUCIONAL

Con todo, la Coordinadora considera que la ley es "insuficiente" y hace referencia a la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 17 de junio, en la que asegura que la norma no habilita para investigar los crímenes del franquismo y recuerda que el Derecho internacional tampoco obliga a España a hacerlo.

Además, recuerda un auto del TC de septiembre de 2021 en el que ya se fijó que al tiempo de haberse cometido los crímenes objeto de denuncia no existía en el Código Penal español el delito de crímenes contra la humanidad; que "tampoco cabe acudir al derecho internacional como fuente de tipos penales puesto que resulta incompatible con el principio de legalidad penal"; y que no cabe investigar dichos crímenes como delitos "ordinarios" por estar prescritos y amnistiados.

Para CEAQUA, "el Constitucional obvia que el Derecho internacional establece que la ausencia de codificación por un Estado de los crímenes de Derecho internacional en el momento en que fueron cometidos no elude la obligación de investigarlos, y que dicha investigación no puede ser impedida por normas internas de los Estados".

En este sentido, manifiesta que desde 2008 "distintos mecanismos de Naciones Unidas han recomendado a España en hasta once informes que adopten medidas concretas y efectivas para poner fin a la impunidad" por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, "privando de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes".