Ciudad de México, 21 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este lunes que no habrá impunidad tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, defensor de los pueblos indígenas en Chiapas, estado de la frontera sur que afronta una ola de violencia del crimen organizado.
“Quisiera manifestar que lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, se está haciendo la investigación", declaró la mandataria al comienzo de su conferencia matutina.
La gobernante mexicana aseveró que el domingo, después del homicidio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, "estuvo en comunicación tanto con el Gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales", quienes han exigido justicia por el crimen.
"Y estamos coordinándonos para avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune", concluyó Sheinbaum sin más detalles sobre el homicidio.
Los primeros reportes oficiales señalaron el domingo que Pérez Pérez, indígena tzotzil que denunciaba la violencia del crimen organizado, recibió disparos al menos dos veces cuando estaba en su vehículo en el barrio de Cuxtitali, sobre la calle Las Peras, en el oriente de la ciudad turística de San Cristóbal de las Casas.
Alrededor de las 8:00 horas (14:00 GMT), los pobladores reportaron constantes disparos de arma de fuego, mientras que testigos indicaron que sujetos armados que iban en motocicleta interceptaron al cura, quien acababa de oficiar una misa en la parroquia de Cuxtitali.
El asesinato despertó la condena de la Iglesia católica y de organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La ONU-DH ha documentado al menos 134 homicidios de defensores de derechos humanos en posible relación con su labor desde 2017 en México, con al menos siete asesinatos en lo que va de este año.
Pueblos indígenas han denunciado desde 2023 un ambiente de "guerra civil" en Chiapas por los grupos del crimen organizado que se disputan el tráfico de drogas y personas de la frontera sur. EFE
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