San Salvador, 21 oct (EFE).- Dos organizaciones humanitarias de El Salvador pidieron este lunes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que investigue una serie de irregularidades denunciadas y que se relacionan con las más de 300 muertes en las prisiones, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, vigente desde marzo de 2022.
"Pedimos que realicen todas la gestiones, diligencias e investigaciones para obtener información que permita demostrar la existencia de las vulneraciones a derechos humanos", dijo a periodistas Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Esta petición se presentó a la PDDH en una denuncia, en la que también solicitaron una reunión con sus delegados para conocer la situación de casos denunciados y presentar pruebas.
Movir, junto con la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), solicitaron a la PDDH que "active, mediante las respectivas comunicaciones, los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema regional de la OEA y universal de las Naciones Unidas".
Ramírez señaló que esto es "una obligación" de la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, y de la PDDH, como ente nacional de protección.
El Movir surgió en el marco del régimen de excepción y ha acompañado a familiares de los detenidos ante diversas instituciones, donde han defendido su inocencia.
Fidel Zavala, portavoz de Unidech, señaló que las autoridades de Centros Penales del Gobierno impiden que se realicen evaluaciones médicas al interior de las cárceles, a pesar de que existen órdenes judiciales.
"Sucede lo que acabamos de ver esta semana: dos personas más muertas que se suman a los más de 300 muertos por culpa del régimen de excepción, por culpa del Gobierno por no darle atención a la salud", sostuvo Zavala.
Denunció que "estamos viendo fallas graves al derecho a la vida" y que han registrado casos de personas con enfermedades crónicas sin atención debida.
Este régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Con más de 81.900 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, lo que le granjeó su triunfo para un segundo mandato consecutivo, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
En este contexto, las familias no tienen ningún contacto con los detenidos, ni visitas, y han denunciado que incluso los abogados tienen problemas para hablar con sus defendidos y tener acceso a los expedientes judiciales para su defensa.EFE