El viceprimer ministro italiano y líder del partido Liga Norte, Matteo Salvini, ha advertido de que si finalmente es condenado el próximo 20 de diciembre por impedir cuando era ministro del Interior el desembarco en 2019 de los migrantes que se encontraban a bordo del barco español 'Open Arms', "los inmigrantes ya saben adónde ir".
"Si me condenaran, los magistrados asumirían una enorme responsabilidad. El problema de mi condena no sería tanto mío, sino de Italia, que pagaría la factura. A partir del día siguiente, los contrabandistas y traficantes sabrían adónde ir", ha declarado Salvini en la televisión pública RAI.
Desde la oposición han criticado esta "manifestación delirante" de Salvini, en palabras de la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, que advierte de que "Salvini ataca a los jueces que hacen su trabajo según las leyes y la Constitución".
También ha criticado que la televisión pública se haya "degradado" hasta convertirse en un "megáfono de un gobierno que quiere desmantelar la separación de poderes atacando al poder judicial".
El principal sindicato de la RAI, Usigrai, ha criticado que "la intervención en vivo del ministro no es información, sino propaganda". En cambio, el recién formado sindicato Unirai, afín a la derecha, ha destacado el "pluralismo y exhaustividad de la información".
Por otra parte, la primera ministra, Giorgia Meloni, se ha sumado a las críticas a la Judicatura con un mensaje publicado en su cuenta en X en el que revela las supuestas palabras de un juez en las que la ataca.
"Meloni no tiene investigaciones judiciales en su contra y por lo tanto no se mueve por intereses personales, sino por visiones políticas y eso la hace mucho más fuerte y también mucho más peligrosa su acción", ha publicado Meloni en un texto de un correo que atribuye al fiscal adjunto del Tribunal Supremo, Marco Patarnello. El texto ha sido publicado por el diario 'Il Tempo' bajo el titular "Meloni es hoy un peligro mayor que (Silvio) Berlusconi".
La Fiscalía de Palermo ha pedido seis años de prisión para Salvini, acusado de secuestro y abuso de poder por negar el desembarco en agosto de 2019 de 147 migrantes rescatados frente a las costas de la isla de Lampedusa cuando era ministro del Interior.
Según los fiscales, Salvini habría actuado en 2019 no por una estrategia acordada con el Gobierno de Giuseppe Conte --del que era ministro del Interior--, como afirma su defensa, sino por el interés electoralista. En este sentido, han concluido que no había peligro de terrorismo a bordo del barco y, por lo tanto, no había necesidad de proteger la soberanía del Estado.