Expertos en derechos humanos de la ONU han percibido un aumento de la violencia política en Tanzania a pocas semanas del comienzo de un ciclo electoral que llevará a los ciudadanos a las urnas en dos ocasiones en los próximos doce meses.
El grupo de relatores especiales que preside Gabriella Citroni y que trata cuestiones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas u otra clase de abusos ha determinado la existencia de prácticas de "acoso e intimidación, detenciones arbitrarias, privación de libertad, desapariciones forzadas, torturas y homicidios ilegítimos y restricciones a la libertad de expresión" en el prolegómeno a las elecciones locales de noviembre y a las presidenciales del año que viene.
Desde que la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, asumiera el cargo tras la muerte de su predecesor, John Magufuli, en marzo de 2021, organizaciones humanitarias declararon su optimismo ante algunas medidas de la nueva mandataria para favorecer el desarrollo de los Derechos Humanos en el país, muy debilitados durante la era Magufuli, en especial durante la violenta represión contra la oposición en torno a las elecciones generales de octubre de 2020.
Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW), lamentan que este aperturismo ha sido inconsistente y puso como caso el arresto en verano, de manera completamente arbitraria, a su juicio, de 375 miembros y partidarios del principal partido de oposición del país, el Partido para la Democracia y el Progreso (Chama cha Demokrasia na Maendeleo, o Chadema), entre ellos encuentran el ex candidato presidencial Tundu Lissu.
"Estamos alarmados", declaran los expertos de la ONU, "por el aumento de los incidentes de secuestros y la escalada de casos de violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos de manifestantes y miembros de partidos de oposición".
"Preocupa que este patrón de represión tenga como objetivo reprimir la disidencia política e intimidar a la oposición al Gobierno y comprometa los procesos electorales democráticos y nacionales", han indicado.
Además, denuncian que el Gobierno de Tanzania ha utilizado la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para "cancelar arbitrariamente el registro y restringir las actividades de organizaciones de la sociedad civil".