La llegada a Italia de los migrantes retenidos en Albania sacude el plan migratorio de Meloni

Los migrantes de Egipto y Bangladesh, retenidos en Albania, llegan a Bari tras un fallo judicial que cuestiona el acuerdo migratorio de Giorgia Meloni, generando tensiones con la Justicia italiana

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Roma, 19 oct (EFE).- La llegada este sábado a Italia de los doce migrantes que seguían en centros de retención en Albania ilustra el golpe al sistema de externalización migratoria que, pese a las reservas de la Justicia, el Gobierno de Giorgia Meloni quiere mantener con medidas legislativas para asegurar su viabilidad.

Después de que el barco de la Guardia Costera italiana atracara en el puerto de la ciudad de Bari, en el sur de Italia, los migrantes fueron llevados a un centro de acogida de solicitantes de asilo y se espera que presenten recurso al rechazo de sus solicitudes de asilo que Italia emitió en un procedimiento acelerado desde Albania.

En este país balcánico, donde Meloni apuesta por externalizar las gestiones de recibo, petición de asilo y deportación de migrantes, los centros de retención que el Ejecutivo de Roma levantó en virtud de su polémico pacto con Albania han quedado ahora vacíos.

Esto sucede tras el fallo de ayer de la corte de primera instancia de Roma, que ordenó que la docena de migrantes que seguían en estos centros cerrados debían ser traídos a Italia. Su argumento central fue que sus países de origen -Egipto y Bangladesh- no eran seguros, por lo que invalidaba su retención en Albania, en línea con una sentencia del 4 de octubre del Tribunal de Justicia europeo.

Esta sentencia ha abierto una disputa entre el Gobierno italiano y la Justicia, una pugna que los próximos días podría ir en aumento ante los planes del Ejecutivo, que prevé tomar medidas legislativas para sortear las implicaciones del fallo judicial y garantizar la posibilidad de seguir trasladando migrantes a Albania, en un sistema sin precedentes que la oposición italiana rechaza y pide desmantelar.

La reunión del Consejo de Ministros del lunes abordará cómo hallar "una solución" al escollo interpuesto por el poder judicial, según la propia Meloni. Este sábado lo destacó el ministro de Justicia, Carlo Nordio, que anunció que el Ejecutivo tomará medidas legislativas al respecto para mantener activo el acuerdo con Tirana.

Prensa local informó de que la coalición planea aprobar un decreto-ley que sería de adopción casi inmediata y cambiaría la norma sobre cómo designar los países de origen de migrantes considerados seguros.

Este es el gran elemento en disputa con el Gobierno, que asegura que el poder judicial intervino en un asunto que es competencia del Ejecutivo. Meloni tiene la lucha contra la migración irregular como uno de sus principales caballos de batalla y este es el tema clave que ha hecho fuerte a la ultraderecha en Italia estos últimos años.

Tras abrirse esta nueva disputa, las fuerzas de la oposición instaron este sábado a Meloni a no cuestionar el dictamen judicial.

"Nadie está por encima de las leyes europeas, internacionales e italianas y menos los que gobiernan", dijo Elly Schlein, líder del centro-izquierdista Partido Demócrata, principal fuerza opositora.

Meloni también fue criticada por el secretario general del partido Más Europa, Riccardo Magi, que acusó a la primera ministra de querer "una Justicia sujeta a sus políticas".

"Primero se inventan las colonias de detención en Albania y desafían las leyes italianas y europeas, después encuentran un tribunal que pide que apliquen la ley, se hacen las víctimas y acusan a la magistratura de estar politizada", agregó Magi.

Este también denunció las reacciones de Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y vicepresidente del Gobierno, que acusó a los jueces de ser "proinmigrantes" y hacer "política de izquierda".

"Ganar las elecciones no significa poder sacudir la separación de poderes o violar las normas, sobre todo las que garantizan las libertades fundamentales", dijo Magi. "No estamos aún en la Hungría" de Viktor Orbán, concluyó el diputado como advertencia ante un escenario en que el Gobierno parece poner en cuestión las bases del poder judicial.

Roma, 19 oct (EFE).- Los 12 migrantes que seguían en los centros de retención erigidos por el Gobierno de Giorgia Meloni en Albania llegaron este sábado al puerto de Bari, en el sur de Italia, tras el fallo emitido ayer por la Justicia que ordenó que se les sacara de suelo albanés, en un golpe al pacto de externalización migratoria de Roma con Tirana.

Los migrantes, de Bangladesh y Egipto, fueron sacados esta mañana del centro de retención de Gjadër y trasladados a Italia con un barco de la Guardia Costera italiana, y ahora serán trasladados a un centro de acogida para solicitantes de asilo en el área de la ciudad de Bari, informó la cadena de televisión pública RAI.

El Tribunal de Roma emitió ayer viernes una sentencia en la que no validó el internamiento en Albania de los migrantes y ordenó que fueran llevados a Italia, lo que abrió una disputa entre el Gobierno de Meloni y la Justicia.

El Ejecutivo anunció que recurrirá el fallo y aseguró seguirá con su plan de traslado de migrantes a Albania, un modelo que despertó interés entre ciertos países europeos o la misma presidente de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen, mientras que la oposición italiana se opone a este sistema y pide a Meloni su desmantelamiento.

El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, dijo este sábado que el Gobierno reaccionará ante la sentencia judicial con "medidas legislativas".

Prensa local informó que la coalición planea aprobar un decreto-ley en la reunión del Consejo de Ministros del próximo lunes. Este sería de adopción casi inmediata y cambiaría la norma sobre cómo designar los países de origen de migrantes considerados seguros.

Este fue el elemento central que arguyó la Justicia para ordenar que el Gobierno llevara a los migrantes retenidos en Albania hacia Italia. Los jueves aseguraron que sus Estados de procedencia, Egipto y Bangladesh, no podían ser considerados seguros, ante lo que quedaba invalidada su detención en Albania.

Mientras la oposición celebró la sentencia, el Gobierno mostró su malestar, y la primera ministra argumentó que la Justicia se había entrometido en un asunto -la designación de países seguros o no seguros- que es competencia del Ejecutivo y no de los jueces.

Ante esto, Meloni aseguró que hallará "una solución" a la actual situación.

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