Roma, 18 oct (EFE).- El polémico pacto de Italia con Albania para externalizar su gestión migratoria abrió este viernes una disputa entre el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la Justicia, tras el fallo del Tribunal de Roma que ordenó traer a territorio italiano a la docena de migrantes internados en centros de retención en territorio albanés.
La sentencia, emitida por la sección de Inmigración de la corte de primera instancia de Roma, fue el primer escollo que se encuentra el Ejecutivo de la ultraderechista Meloni desde que esta semana puso en marcha el acuerdo con Tirana para mandar en centros de retención alzados por Italia en Albania a migrantes que buscan llegar a Italia.
La decisión judicial fue criticada por los principales miembros del Ejecutivo italiano, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, avanzó que el Ejecutivo recurrirá al fallo porque quiere seguir con la externalización a Albania de la gestión de acogida, petición de asilo y repatriación de migrantes, un sistema sin precedentes que estos días generó atención, adhesiones y rechazos a nivel europeo.
"Me sabe mal que cuando toda Europa mira con interés algo que hace Italia estemos tratando de ponernos palos en las ruedas", declaró Meloni, que calificó la decisión judicial como "prejuiciosa" y alegó que ahora es el poder judicial el que también hace de "oposición".
También anunció que convocó una reunión del Consejo de Ministros para el próximo lunes "para aprobar normas que sirvan para superar el obstáculo" ahora impuesto por la Justicia, en lo que parece ser una creciente pugna entre poder ejecutivo y judicial en Italia.
El Tribunal de Roma alegó que Bangladesh y Egipto, los dos Estados de donde proceden los migrantes retenidos en Albania, "no son países seguros". A su vez, arguyó que sus detenciones "no fueron validadas" según "principios vinculantes para los jueces nacionales", en línea con un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre ya puso en cuestión la base del pacto Italia-Albania.
Meloni criticó la posición de la Justicia italiana y argumentó que la Corte de Roma se excedió en sus atribuciones: "No creo que sea competencia del poder judicial establecer qué países son seguros y cuáles no, esta es una competencia del Gobierno".
"Quizás el Gobierno necesite aclarar mejor qué se entiende por países seguros", agregó en su declaraciones sobre la cuestión.
Otros miembros de su Ejecutivo, como el vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, reaccionó al fallo acusando a los jueces de ser “proinmigrantes” y “hacer política de izquierda”.
El titular de Exteriores, Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, dijo que el Ejecutivo continuará defendiendo su plan porque "es justo hacerlo en sintonía" con la presidenta de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen, que vio con buenos ojos el modelo italiano de externalizar migrantes a un país fuera de la Unión Europea como es Albania.
"Estamos acostumbrados a respetar las decisiones del poder judicial, pero querría que se respetaran las decisiones del Ejecutivo y el legislativo porque una democracia se basa en la división de poderes”, agregó Tajani, en la cumbre entre Italia y Francia de este viernes en Ventimiglia, ciudad del norte italiano.
De hecho, durante su encuentro con las autoridades italianas, el primer ministro francés, Michel Barnier, rechazó el modelo de Meloni de traslado de migrantes al extranjero.
Aseguró que no cree que este método se pueda reproducir en Francia "por razones jurídicas e institucionales", al día siguiente de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostrara "escéptico" ante el plan.
Por su parte, los partidos de la oposición celebraron la sentencia y pidieron a Meloni que desmantele el sistema creado en Albania y pida disculpas a la población italiana ante los miles de millones de euros gastados en un proyecto que consideran ilegal y sin recorrido. EFE