Gobierno de Perú considera que las leyes contra el crimen organizado aún se pueden mejorar

Lima, 17 oct (EFE).- El Gobierno de Perú considera que el Congreso aún puede mejorar los cambios que ha realizado en las leyes para luchar contra el crimen organizado y delitos como la extorsión y el sicariato, que han tenido un gran aumento en el país en los últimos meses, afirmó este jueves el primer ministro Gustavo Adrianzén.

"Las figuras principales, que son extorsión, secuestro y sicariato, están regulándose, se están haciendo más severas las penas, esto es una lectura preliminar, pero consideramos que faltan mejorarse algunas cosas", declaró Adrianzén a periodistas.

El primer ministro dijo que el Ejecutivo considera que aún se tiene "la oportunidad de hacer alguna mejora" en la norma, que fue aprobada este miércoles por el pleno y aún deberá ser sometida a una segunda votación durante la próxima semana.

En la sesión plenaria de este miércoles, el Congreso aprobó el texto sustitutorio de un dictamen que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de "criminalidad sistemática", que recibirá una condena de cadena perpetua.

Esto se dio a pesar de que el Gobierno ha enviado al Congreso otro proyecto de ley en el que plantea que se cree el delito de "terrorismo urbano" para delitos como extorsión y sicariato.

La norma establece que la "criminalidad sistemática" se aplicará al que use municiones, armamento militar o civil, artefactos explosivos u otros para realizar "conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella".

El Congreso también modificó la ley de lucha contra el crimen organizado, muy cuestionada por juristas, expertos y gremios, cuya reforma reclamaron en un paro los transportistas al considerar que presuntamente favorecía a organizaciones delictivas.

El dictamen fue aprobado por mayoría del pleno legislativo, para considerar como organización criminal a todo grupo que se reparte roles "para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en extremo mínimo".

La iniciativa, que fue exonerada de la segunda votación que ordena la ley nacional, modifica el Código Penal en lo referido a organización criminal al definir sus características, los criterios para determinar su existencia, fortalecer la investigación del delito por la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales.

En ese sentido, indica que "el registro e incautación, se llevará a cabo con o sin la presencia del investigado y con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública".

La ley que fue aprobada inicialmente fue muy criticada porque establecía que los allanamientos no podrían realizarse sin previo aviso a los investigados y solo cuando estuvieran presentes sus abogados privados.

Al respecto, Adrianzén aseguró este jueves que aún es prematuro ofrecer una evaluación completa sobre la "ley de criminalidad sistemática", aunque reiteró la preferencia del gobierno porque se use el concepto de "terrorismo urbano".

"Aun claudicando la nomenclatura, necesitamos un marco jurídico que quede definido ya, y lo digo en especial porque nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico que les permita actuar frente a la situación de violencia en la que vivimos", enfatizó. EFE