Exigen justicia por crimen "ambiental" de ecologista hondureño y cierre de una mina

Tegucigalpa, 17 oct (EFE).- Defensores del medio ambiente y activistas de derechos humanos calificaron este jueves como "un crimen ambiental" y "político" el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre en Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, y exigieron el cierre de una mina a cielo abierto.

La defensora Roxana Romero dijo a EFE que la muerte de López es "un crimen ambiental" porque el activista "venía denunciando enérgicamente todas estas manifestaciones de violencia" alrededor del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y el daño a las comunidades.

Señaló que López "era perseguido" por defender el parque Carlos Escaleras y denunció que el Estado "siguió facilitando procesos" para que la empresa Los Pinares "se asentara" en el municipio de Tocoa, una región con altos índices de violencia en Honduras

López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), fue asesinado el 14 de septiembre por hombres armados mientras se encontraba en su vehículo en un concurrido barrio de Tocoa.

Hasta ahora, las autoridades hondureñas han informado de tres personas detenidas como “autores materiales”.

Miembros del CMDBCPT se han concentrado hoy ante el Juzgado de Sentencia en Tegucigalpa, donde se celebra una audiencia de presentación de imputados contra funcionarios públicos y empleados de la empresa Los Pinares por el daño ambiental al parque Carlos Escaleras.

Romero pidió al Estado cancelar de manera "definitiva" la concesión de la explotación minera a la empresa Los Pinares para que “haya Justicia” para los ambientalistas Juan López y Carlos Escaleras, asesinado en 1997.

"Hacer justicia para Juan y Carlos es también hacer justicia para la montaña Botaderos (Carlos Escaleras) liberándola de todos estos proyectos extractivos que le están quitando la vida a mucha naturaleza", subrayó la activista.

Leonel George, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, dijo a EFE que esperan que haya justicia por el asesinato de López, quien era precandidato a la alcaldía de Tocoa, donde actualmente era concejal por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

"La impunidad nos está asesinando, exigimos justicia ante el asesinato del compañero Juan López y también justicia para el crimen ambiental cometido en el Parque Nacional montaña de Botaderos Carlos Escaleras", enfatizó George.

Denunció que funcionarios públicos se han "prestado para la entrega ilegal, abusiva y sin el consentimiento de las comunidades" de los recursos naturales y que el Estado no ha protegido a la comunidad ni a Juan, a pesar de las medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH.

"Seguimos a la espera de una verdadera protección que garantice que no continúen los asesinatos simplemente por defender el ambiente" en Tocoa, señaló George, quien considera que la muerte de López es un "asesinato político" porque hay políticos que "han promovido la explotación ilegal y abusiva" del parque Carlos Escaleras y se han "prestado para entregar documentos falsificados" a favor de la empresa minera.

"Ha habido una persecución judicial, una persecución política en contra de defensores y eso está muy claro, por lo que debe perseguirse a los actores materiales, a todos los políticos involucrados, funcionarios y empresarios, y debe aplicarse el peso de la ley para que los hechos no se repitan con nadie más en el país", enfatizó.

George coincidió con Romero subrayando que el Estado hondureño "no fue capaz de proteger" a Juan López, quien era beneficiario del Sistema Nacional de Protección en Honduras y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023. EFE

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