Claves sobre el nuevo traspié para celebrar las elecciones judiciales en Bolivia

Esteban Biba

La Paz, 17 oct (EFE).- Las elecciones judiciales en Bolivia convocadas para este 1 de diciembre están en vilo debido a dos amparos presentados por candidatos inhabilitados para estos comicios, aplazados un año por retrasos en la Asamblea Legislativa ya que debían realizarse en 2023.

Los recursos legales que suponen un nuevo traspié para la realización de los comicios fueron presentados el martes pasado por dos salas constitucionales de los departamentos de Beni y Pando, a instancia de dos candidatos inhabilitados, y por los que declararon "desiertas" las convocatorias para elegir a los jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP).

Este jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que las elecciones no están ni "suspendidas" ni "paralizadas" y que existe una medida cautelar de la Sala Constitucional de El Alto que protege la continuación del proceso electoral hasta que se desarrolle una audiencia esta tarde, en la cual se conocerá el futuro de dichos comicios.

El TSE anunció que de no realizarse dichas elecciones, el Estado perdería 55 millones de bolivianos (unos 8 millones de dólares), presupuestados para los comicios.

Aquí, cinco claves de los comicios judiciales bolivianos:

El vocal del TSE Francisco Vargas calificó como "un golpe a la democracia" la decisión tomada por las dos salas constitucionales de declarar "desiertas" las convocatorias para los jueces del TSJ y TCP.

El juez Charles Mejía, de la Sala Constitucional del Beni, fue quien emitió uno de los fallos. Él intentó ser candidato a las nuevas cortes pero fue descartado en un primer filtro por la Asamblea.

"Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas", manifestó Vargas.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó en la víspera que le “preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales".

Además, también este mismo martes, el TSJ indicó que tomará "todas las acciones legales" para garantizar la realización de los comicios y lamentó que las salas constitucionales se hayan "extralimitado en su análisis" al colocarse "por encima del Legislativo".

Los magistrados actuales fueron elegidos en 2017 y terminaron su mandato a principios de 2024, pero tras varios retrasos por parte de la Asamblea Legislativa para cumplir con la preselección (de candidatos), los comicios fueron retrasados.

Ante esto, los magistrados del Tribunal Constitucional extendieron su propio mandato y el de las otras cortes, alegando que así evitaban un "vacío de poder".

Los nuevos comicios judiciales debían realizarse en 2023, pero no prosperaron por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, además por los recursos legales que obligaron a que la convocatoria volviera a cero varias veces.

Esa extensión de mandato de los jueces generó fuertes protestas de la oposición y del sector oficialista del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

La oposición y el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien está distanciado del presidente del país, Luis Arce, por diferencias sobre la Administración del Estado y el liderazgo del MAS, calificaron la acción de prolongar el mandato como una "autoprórroga" y un golpe al poder Judicial.

En enero pasado, los seguidores de Morales realizaron 10 días de fuertes bloqueos de carreteras en todo el país exigiendo que los magistrados renunciaran y que se pusiera en marcha el proceso de elecciones.

Al final los magistrados no renunciaron, pero el Parlamento reanudó la preselección de candidatos y se convocaron las elecciones para diciembre de este año.

Tras la prórroga de funciones de las cortes bolivianas, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su "preocupación".

“La conducción de elecciones judiciales es uno de los elementos clave para asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia en Bolivia”, indicó en su momento Satterthwaite.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró en diferentes ocasiones su "preocupación" por el proceso electoral y llamó a Bolivia a "garantizar" los comicios judiciales.

Las elecciones judiciales por voto popular fueron promulgadas en la Constitución boliviana vigente desde 2009 y el mandato de los jueces elegidos es de seis años.

Las cortes que se eligen son el TSJ, el TCP, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en el que podrían salir electos jueces afines al oficialismo.

Según el Electoral, este año hay unas 7,8 millones de personas habilitadas para votar el próximo 1 de diciembre.EFE