Santiago de Chile, 16 oct (EFE).- Más de 60 organizaciones de derechos humanos denunciaron este miércoles que, a cinco años de las multitudinarias protestas de 2019, la derecha y la ultraderecha chilena "intentaron imponer un relato negativo del estallido social, calificándolo de estallido delictual" para "deslegitimar toda forma de protesta" y "estigmatizar" a quienes participaron en las manifestaciones.
Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar, que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor transversal por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.
"Reivindicamos la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad", señalaron las organizaciones en un comunicado.
El estallido combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida y una cuestionada represión policial, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos y llevó a la Justicia a investigar a los altos mandos de la época.
De los 10.142 casos que se abrieron por violencia policial, solo el 0,42 % de las investigaciones concluyeron, según Amnistía Internacional (AI).
"Esto demuestra que el Ministerio Público ha incumplido con su deber de investigar y el Poder Judicial, de sancionar, instalando y normalizando así la impunidad", denunciaron las entidades de derechos humanos, varias de ellas nacidas al alero de estas protestas.
Tales manifestaciones dieron lugar a dos fallidos procesos constituyentes, los que marcaron la primera etapa del primer Gobierno de la historia de la nueva izquierda chilena, liderado por Gabriel Boric.
Los activistas criticaron, en su nota, que Boric "desestimó" su compromiso de campaña de "realizar una reforma profunda" de la policía chilena y "respaldó férreamente" a su exdirector general, Ricardo Yáñez, quien estos días enfrenta su imputación formal por su presunta responsabilidad en los abusos policiales cometidos durante las protestas.
"Se ha incumplido la promesa de campaña y a la vez, una obligación internacional, de implementar una política de reparación integral a las víctimas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la materia", añadieron.
Según las últimas encuestas, tras cinco años, el apoyo ciudadano al estallido cayó en picada. El Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló recientemente en un sondeo que solo el 17 % considera que fue "positivo o muy positivo", frente al 50 % que lo ve como "muy malo o malo". EFE
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