Hong Kong, 16 oct (EFE).- El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, propuso hoy la implementación de unas normas mínimas de habitabilidad para los apartamentos subdivididos de Hong Kong, como parte de los esfuerzos del Gobierno para eliminar gradualmente estas viviendas de "baja calidad", conocidas como 'casas jaula'.
En su tercer discurso político desde que el exjefe de Seguridad fuese designado por Pekín para dirigir la ciudad en 2022, Lee anunció la esperada prohibición de los apartamentos de menos de ocho metros cuadrados, tamaño equivalente al doble de una cama de matrimonio.
Los propietarios registrados tendrán un plazo para asegurar que sus unidades subdivididas cumplen con el tamaño mínimo y otras condiciones, como la obligatoriedad de contar con ventanas y aseos independientes.
Con 7,5 millones de habitantes y escasez de terrenos para la construcción, el mercado inmobiliario hongkonés se encuentra entre los más caros del mundo.
Ante los alquileres exorbitantes, decenas de miles de personas se ven obligadas a vivir en construcciones ilegales y apartamentos subdivididos para maximizar el espacio, con las más pequeñas bautizadas como 'casas jaula' o 'casas ataúd', donde la cocina se encuentra adyacente al retrete.
Debido a la escasez de espacio, los trabajadores del sector inmobiliario buscan formas de maximizar sus beneficios, lo que frecuentemente implica dividir viviendas en decenas de apartamentos compactos, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes.
Estos espacios reducidos, ubicados en edificios deteriorados y habitados por al menos 200.000 personas, evidencian la disparidad de riqueza en este centro financiero internacional.
La construcción de estos apartamentos es alarmante: la distribución y las paredes originales son completamente demolidas, lo que deteriora los sistemas de salida de emergencia y ventilación. Además, el mal diseño del sistema de drenaje provoca frecuentes filtraciones que perjudican la calidad del aire.
Tragedias recientes, como el incendio que tuvo lugar en abril en un edificio de 60 años en el barrio de Yau Ma Tei, que se cobró la vida de al menos cinco personas, sirvió como recordatorio de que la seguridad, higiene y protección de los habitantes no debe comprometerse.
El Departamento de Edificios había emitido órdenes de seguridad contra incendios para este edificio, exigiendo mejoras como la instalación de puertas cortafuegos y materiales resistentes.
Sin embargo, a pesar de la contratación de empresas consultoras y el envío de cartas de asesoramiento durante varios años, las órdenes no se ejecutaron completamente.
Este caso ilustró un problema más amplio: el bajo índice de cumplimiento debido a la carga que enfrentan propietarios y ocupantes para alcanzar un consenso sobre las mejoras necesarias.
Solo una mínima parte de las órdenes es ejecutada adecuadamente, dejando a innumerables residentes en situación de riesgo y subrayando la urgente necesidad de mecanismos de ejecución más eficaces.
En respuesta, el Gobierno promulgó hace dos años una ley para regular los aumentos de los alquileres y las tarifas de servicios públicos de los apartamentos subdivididos, ofreciendo cierto alivio a los inquilinos.
Las autoridades locales se comprometieron en octubre pasado a erradicar la vivienda de mala calidad y se estableció un grupo de trabajo para estudiar la situación, con el objetivo de presentar propuestas diez meses después.
Según estadísticas del Departamento de Censos y Estadísticas de 2021, había 10.170 apartamentos subdivididos de menos de siete metros cuadrados, representando el 9,5 % de las 107.371 viviendas encuestadas.
Estos espacios son alquilados en su mayoría por solteros y parejas o gente mayor, aunque también albergan a padres solteros con sus hijos y hogares de tres generaciones que no pueden acceder a viviendas subvencionadas.
Durante una visita a la ex colonia británica en 2021, Xia Baolong, máximo responsable de Pekín para los asuntos de la ciudad, manifestó su deseo de que se erradicaran este tipo de apartamentos para 2049, calificando esta crisis habitacional como un "problema arraigado". EFE