El caso Espírito Santo, el macrojuicio en Portugal que llega 10 años después

Lisboa, 14 oct (EFE).- Diez años después de su caída, comienza mañana en Portugal el juicio por el colapso del Banco Espírito Santo (BES), uno de los mayores procesos de la historia del país, con el que fuera su presidente Ricardo Salgado como principal acusado, unos 700 testigos y más de 300 delitos a juzgar.

El Campus de Justicia de Lisboa será escenario a partir del martes de un proceso que se anticipa largo, ya que hay casi 2.000 afectados, tanto dentro como fuera de Portugal, a la espera de que se rindan cuentas.

El caso se remonta al 3 de agosto de 2014 cuando el BES fue intervenido por el Banco de Portugal, lo que causó un gran conmoción en el país, ya que hasta ese momento el Grupo Espírito Santo (GES) era el mayor emporio empresarial luso con actividades que iban desde el sector seguros a la agricultura y el turismo, pasando por el financiero.

Son más de 300 delitos los que se van a enjuiciar, todos ellos relacionados con la supuesta falsificación de la contabilidad del holding Espírito Santo Services entre 2009 y 2014, origen del colapso del GES y la intervención del banco central.

La fiscalía calcula que la caída del Grupo Espirito Santo ocasionó perjuicios superiores a 11.800 millones de euros.

El principal sospechoso formal en este proceso es Salgado, acusado inicialmente de 65 cargos como asociación criminal, corrupción activa, falsificación de documentos, malversación y lavado de dinero, aunque será procesado por 62 debido a la prescripción de tres de las acusaciones.

Aparte de Salgado, hay más de quince personas físicas imputadas, como el que fuera contable del Grupo Espirito Santo Francisco Machado da Cruz, los exadministradores del BES Almícar Morais Pires y Manuel Fernando Espírito Santo, la exdirectora del Departamento Financiero de la entidad Isabel Almeida y António Soares, exdirector de Novo Banco, que sustituyó al BES.

También hay siete empresas vinculadas al grupo acusadas de haber cometido delitos.

Según un documento de agosto pasado del Departamento Central de Investigación y Acción Penal del Ministerio Público luso, son 330 los cargos que se van a enjuiciar, como asociación criminal, corrupción pasiva en el sector privado, falseamiento de documentos, manipulación del mercado, malversación y blanqueamiento entre otros.

El proceso cuenta con denuncias de más de 300 personas, tanto físicas como colectivas, afectadas por la caída del banco.

En un comunicado publicado en agosto pasado con motivo del aniversario del colapso de la entidad, la Asociación de Defensa de los Clientes Bancários (ABESD) recordó que 1.994 personas clasificadas como víctimas por la caída del BES todavía aguardan justicia y se encuentran en situación de olvido.

De acuerdo a los datos de la asociación, ascenderían a 240 millones de euros los ahorros de los inversores no cualificados, es decir, clientes no profesionales, que se perdieron por la caída del banco, "sin que hasta la fecha se les haya devuelto ni un solo céntimo".

En consecuencia ABESD reclama 330 millones de euros para esas víctimas.

El juicio se inicia mañana, pero llega tarde, porque algunos de los crímenes han prescrito y se espera que más lo hagan en los próximos meses.

A comienzos de octubre un tribunal confirmó la prescripción de once de los delitos del caso, lo que benefició especialmente a Salgado, que se libró de dos cargos de falsificación de documentos y de uno de administración desleal.

En el corto plazo una situación similar se puede producir a finales de noviembre, cuando vencerán más cargos, y a principios de 2025.

El mismo día de su intervención el Banco de Portugal dividió la entidad en el BES 'malo', con los activos considerados tóxicos, y el BES 'bueno', denominado Novobanco, que serviría para proteger los depósitos.

Los accionistas y tenedores de deuda subordinada (aquellos que quedaban detrás de todos los acreedores comunes en preferencia de cobro) permanecieron en el BES ‘malo’, con pocas posibilidades de reembolso, pero también resultaron perjudicados quienes acabaron en Novobanco, porque se quedó sin capital al terminar con muchos activos tóxicos.

Para los afectados con pagarés se creó en 2017 un fondo de recuperación de crédito por el que los clientes pudieron recuperar el 75 % de las inversiones de hasta 500.00 euros y el 50 % de las inversiones por encima de esa cantidad.

Esta solución dejó fuera a los clientes de las sucursales del BES en el extranjero, como fue el caso de muchos emigrantes en Venezuela y en países del África, y del Banco Prevée, en Suiza, que siguen en negociaciones con el Gobierno. EFE