Borrell pedirá en su última cita de Exteriores la evaluación de los 27 de si Israel viola el acuerdo de asociación

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha avanzado este lunes que en la reunión de ministros de Exteriores del próximo mes de noviembre, la última de su mandato, pedirá a los Estados miembro que evalúen si Israel viola su compromiso en materia de Derechos Humanos en el marco del Acuerdo de Asociación que rige las relaciones entre el bloque europeo y Tel Aviv.

De esta forma, el jefe de la diplomacia europea impulsará en el último Consejo de Exteriores, antes de que le suceda en el puesto Kaja Kallas, la demanda de España e Irlanda para que el bloque valore si Israel cumple el acuerdo de asociación.

"He propuesto que el próximo Consejo de Exteriores, el Consejo tome responsabilidad y trate de dar una respuesta a esta petición. Haga una evaluación, discutamos y decidamos qué hacer, no necesitamos a la Comisión Europea para esto, es un tema político", ha indicado en rueda de prensa después de la reunión de ministros de Exteriores del bloque, sin querer ahondar sobre si ahora hay más consenso sobre denunciar las acciones de Israel.

De todos modos, Borrell ha incidido en que el cumplimiento del derecho internacional es algo que la UE no solo tiene que reclamar a Israel, sino evaluar si se respeta. "Quien sabe dónde estaremos dentro de un mes, pero tenemos suficientes evidencias (para discutir)", ha apuntado.

Este paso llega después de que Borrell haya constatado la dificultad de convocar un Consejo de Asociación con Israel para escuchar al ministro de Exteriores israelí, algo que reclamaron 27 antes del verano para avanzar en la cuestión, pero que el propio Alto Representante considera difícil de lograr de aquí a un mes.

En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, España e Irlanda pidieron el pasado mes de febrero medidas contra Israel en el contexto del Acuerdo de Asociación, marco que rige las relaciones entre la UE e Israel.

Una suspensión total del acuerdo estaría en manos de los Estados miembro una vez lo proponga el Alto Representante o por el propio Ejecutivo comunitario, y requiere de unanimidad, mientras que cuestiones parciales como suspender aspectos comerciales necesitaría de una mayoría cualificada.