El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado este sábado al expresidente Iván Duque (2018-2022), así como a dos exministros y otros miembros de su Gobierno, a "responder" por la compra "ilegal" del software espía israelí Pegasus y por utilizarlo contra "la juventud y la oposición" colombianas.
"No importan sus amenazas de golpe y sus saboteo al actual Gobierno, no importa la cantidad de funcionarios con los que aún cuentan en las tres ramas del Estado para encubrirse, deben responder por un hecho que implica lavado de activos, y violación de los Derechos Humanos de la juventud colombiana y la oposición", ha declarado en su cuenta de la red social X.
Estas palabras se producen después de que este viernes, según ha recogido el diario 'Haaretz', el Ministerio de Defensa israelí confirmara la polémica venta la herramienta a las autoridades colombianas, entonces bajo la Presidencia de Iván Duque (2018-2022).
Ese mismo día, su homólogo colombiano, Iván Velásquez, apuntó a la posibilidad de que la adquisición del software espía --desvelada por Petro a principios de septiembre-- se hiciera con dinero incautado en operaciones contra el narcotráfico.
"El ministro de Defensa de Israel no miente frente a la compra ilegal de Pegasus por el Gobierno de Duque para espiar el liderazgo juvenil y a mi campaña durante casi un año", ha asegurado el mandatario colombiano en la mencionada plataforma.
Petro ha instado al expresidente Duque, así como al ex comandante del Ejército colombiano Eduardo Zapateiro, al ex director de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas, y a los ex ministros Diego Molano y Víctor Muñoz --que ejercieron sus funciones durante el mandato de Duque-- a que rindan cuentas por estos hechos que tuvieron lugar en 2021.
El mencionado software, creado por NSO Group Technologies Ltd., ha sido usado por diversos gobiernos para realizar escuchas telefónicas e interceptar correos electrónicos y comunicaciones de texto en diversas aplicaciones, entre otras acciones, lo que ha provocado denuncias sobre su empleo para espiar a activistas, políticos y periodistas en todo el mundo, incluidos España e Israel, donde se ordenó una investigación en torno al presunto empleo de Pegasus sin orden judicial.
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