UGT acusa al Gobierno de silenciar ante Estraburgo que CEOE pidió más horas extra a cambio de reducir jornada

UGT ha ratificado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales su escrito de reclamación colectiva contra el Gobierno por el incumplimiento de la Carta Social Europea en lo que se refiere a la retribución de las horas extraordinarias en España y ha rebatido en un nuevo escrito las observaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a su denuncia ante Estrasburgo.

En dicho documento, el sindicato que dirige Pepe Álvarez expone que, en sus observaciones, el Gobierno hizo mención a la negociación de la reducción de jornada en el diálogo social, pero "silenciando" que la patronal CEOE pidió incrementar las horas extra a cambio de aceptar la reducción progresiva de jornada. "Aunque se ha rechazado sindicalmente, sí evidencia que, en España, la normativa y la práctica incentivan las horas extras, por su bajo precio y escaso control", subraya el sindicato.

UGT registró a principios de este año una demanda colectiva contra el Gobierno de España, admitida por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) el 14 de mayo, por incumplir los compromisos internacionales que España ha adquirido, en particular los establecidos por la Carta Social Europea, en la remuneración de las horas extraordinarias y el control horario de las jornadas laborales.

La Carta Social Europea, de obligado cumplimiento, exige que los trabajadores reciban un incremento en la remuneración por cada hora extraordinaria trabajada, algo que, según denuncia UGT, no se garantiza en la legislación laboral española actual. Por ello, solicitó al CEDS que obligue al Gobierno español a modificar su legislación para cumplir con estas obligaciones internacionales, asegurando una protección mínima para todas las personas trabajadoras, independientemente de los convenios colectivos a los que estén sujetos.

En concreto, el sindicato reclama que las horas extraordinarias se abonen como mínimo un 25% más que una hora ordinaria, y que se incrementen las garantías del registro de la jornada para que muestren las horas reales que efectivamente se trabajen, ya sean ordinarias o extraordinarias.

El pasado 18 de julio, el Gobierno de España procedió a presentar sus observaciones ante el CEDS por la demanda de UGT, pidiendo al organismo que la desestimara y que confirmara que la normativa española sobre las horas extra y su control se adapta a lo dispuesto a la Carta Social Europea.

El sindicato fue invitado por el CEDS a responder a las observaciones del Gobierno, como dicta el reglamento del organismo, y en ese escrito de respuesta es donde UGT ratifica su escrito de reclamación, acusa al Gobierno de "silenciar" lo que ha pedido CEOE en la mesa de reducción de jornada (ampliar las horas extra en España) y ofrece nuevas razones jurídicas para confirmar que España incumple la Carta Social Europea a la hora de retribuir y controlar las horas extra.

En su contestación a las observaciones del Gobierno, UGT destaca que, en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral, las horas extraordinarias trabajadas han marcado en España "máximos de 15 años". Así, alega que, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, en España se hicieron en ese periodo casi siete millones de horas extra, un 16% más que en 2023, y que más de un millón de trabajadores ya hacen horas de más.

El sindicato denuncia las "contradicciones" del Ejecutivo español en su contestación a la demanda, pues, por un lado, reconoce las deficiencias del sistema y admite que una proporción considerable de trabajadores no recibe una compensación adecuada por las horas extraordinarias, pero, en lugar de tomar medidas inmediatas para corregir estas deficiencias, "se ampara en la promesa de futuras reformas legislativas, que aún no se han materializado, lo que prolonga el incumplimiento de sus obligaciones internacionales".

LA POSTURA DEL GOBIERNO, "INACEPTABLE"

UGT critica esta postura del Gobierno, ya que "no aborda de forma efectiva la situación actual y se limita a prometer soluciones a largo plazo". Además, argumenta que las medidas propuestas por el Gobierno, como la posible reforma del sistema de registro de horas en papel y su digitalización para garantizar un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo, aunque positivas, "no serán suficientes por sí solas si no se acompañan de una mejora sustancial en la regulación de las horas extraordinarias y su remuneración".

"Es inaceptable que el Gobierno confíe en reformas futuras y no actúe de manera inmediata para cumplir con los compromisos internacionales y garantizar los derechos laborales", subraya UGT.

El sindicato recuerda que, en sus observaciones, el Gobierno reconoció que el 40% de los convenios colectivos no recogen cláusulas que aumenten la remuneración de la cuantía salarial por las horas extra y advierte de que el 60% de los convenios que sí aumentan la cuantía salarial, sólo protegen al 55% de los trabajadores. Esta situación es "particularmente preocupante" desde una perspectiva de género, ya que, según UGT, las mujeres están más afectadas por la falta de compensación adecuada en comparación con los hombres, lo que agrava la brecha salarial entre sexos.

Asimismo, UGT enfatiza que el Gobierno de España "no tiene rubor alguno en justificar esta falta de reconocimiento legislativo nacional del derecho social europeo a una retribución aumentada de la hora extraordinaria en una reforma laboral, realizada unilateralmente en 1994, sin diálogo social y en contra de la posición de los sindicatos, solo justificada por la voluntad de flexibilizar y abaratar la gestión del tiempo de trabajo".

Con anterioridad a esta reforma, la ley española, conforme a la legislación social internacional, establecía un recargo o plus mínimo del 75% por hora extra, sin perjuicio de la posibilidad de mayor incremento por parte de los convenios colectivos.

"El Gobierno español reconoce en su escrito de contestación que con esa reforma se produjo un incremento de la utilización de las horas extraordinarias, si bien trata de quitar importancia a este dato, justificándolo en que más que una ampliación de jornada supuso más bien un incentivo a la distribución irregular del tiempo de trabajo", expone UGT.

El documento del sindicato resalta la importancia del registro horario como un mecanismo esencial para controlar las horas trabajadas en España, especialmente en lo referente a las horas extraordinarias. Aunque en teoría, el registro horario debería garantizar una correcta contabilización de las horas de trabajo para evitar abusos, UGT sostiene que su implementación en la práctica ha resultado "ineficaz".

"A pesar de la normativa vigente, existe una falta de control efectivo, lo que ha generado una situación en la que un volumen considerable de horas extraordinarias trabajadas no es registrada ni remunerada de manera adecuada. Este fallo en el sistema de control permite que las empresas continúen explotando la mano de obra con horas extras que no son debidamente compensadas", apunta.

De los más de seis millones de horas extraordinarias que se realizan en España, la mitad no se abonan, "lo que supone una cifra anual de 3.250 millones de euros en retribuciones hurtadas a las personas trabajadoras, en ausencia de contribución a la Seguridad Social y en merma a la Hacienda Pública", sostiene el sindicato.