Al menos 23 personas han sido detenidas en Lima y Callao acusados de disturbios en el primer día de huelga de transportistas en Perú, que demandan al Gobierno mayores medidas de seguridad ante la ola de robos y extorsiones que sufren.
El jefe de la Policía de Lima, el general Felipe Monroy, ha precisado que la marcha ha transcurrido con normalidad hasta el Congreso, donde se han producido "algunos hechos de violencia" provocados por "grupos ajenos" a la protesta. "Quiero destacar el excelente comportamiento de quienes han marchado", ha destacado.
Los portavoces de los trabajadores han sido recibidos por representantes del Congreso a quienes les han informado de sus reivindicaciones, entre ellas la derogación del proyecto de ley sobre crimen organizado, el cual consideran que penaliza la protesta social.
La huelga se prolongará tal y como estaba previsto hasta este sábado, en caso de que la ley no sea derogada. "El Congreso no tiene voluntad política, por lo tanto, el paro sigue de 72 horas y llamamos a toda la población", ha apelado el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos.
Asimismo, Campos ha condenado las palabras del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien en la víspera sugirió que seguían una agenda política y que las organizaciones que se habían sumado tenían vínculos con el terrorismo.
"La población merece respeto (...) el ministro del Interior nos está tildando de terroristas, no somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano, así que señores, les pido por favor a toda la población súmense, porque es un clamor del pueblo, no es el clamor de un empresario", ha conminado.
Este viernes está previsto en el Congreso un debate sobre la derogación de algunos puntos esta ley, en especial aquellos relacionados con el llamado "terrorismo urbano" y que contemplan medidas punitivas más altas para algunos métodos de protestas, como el bloqueo de carreteras o de los servicios públicos.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció desde el Palacio de Gobierno para negar que se haya producido un aumento de la criminalidad desde que asumió el mando y que se trata de un problema heredado para el que ha desplegado a más de 7.600 policías en las regiones en las que se ha decretado el estado de emergencia.
Si bien la huelga se ha hecho sentir principalmente en Lima, a pesar de que el Gobierno sostiene que los servicios han operado con regularidad y que la mayoría de los trabajadores han acudido a sus puestos, se han unido a la huelga transportistas de otras regiones como Chiclayo, Huancayo, Junín y Arequipa.