Roma, 11 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional italiano deberá pronunciarse sobre un decreto migratorio aprobado por el Gobierno de Gioagia Meloni que complica las labores de rescate de las oenegés en el Mediterráneo y que permite el bloqueo de sus barcos humanitarios, tras el recurso presentado por SOS Mediterranee, informó este viernes la organización.
Tras impugnar la detención administrativa del barco Ocean Viking, de SOS Mediterranee, el pasado 9 de febrero, el Tribunal de Brindisi (sur), encargado del caso, elevó la cuestión de constitucionalidad de una ley que, entre otros aspectos, limita la actividad de las naves de rescate en el Mediterráneo.
"No pueden ser sancionadas las conductas que tienen como objetivo salvar la vida de otros", declararon los abogados de la oenegé en un comunicado.
El decreto fue impulsado por el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, y aprobado en febrero de 2023 por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que tiene como caballo de batalla de su Ejecutivo frenar la inmigración irregular.
El Ocean Viking fue bloqueado durante 20 días y la organización fue multada con 3.333 euros por haber supuestamente incumplido la normativa vigente en un rescate a 261 migrantes en el Mediterráneo frente a las costas de Libia, que desembarcaron en el puerto italiano de Brindisi (sur).
El equipo de defensa de SOS Mediterranee alega que la sanción de Italia contra un barco con bandera noruega que opera en aguas internacionales es inconstitucional.
"Esperamos que el Tribunal Constitucional reconozca la inconstitucionalidad de esta ley y envíe un mensaje claro contra la criminalización de las acciones humanitarias de las ONG de búsqueda y rescate", señaló la directora general de SOS Mediterranee Italia, Valeria Tauino.
El llamado decreto 'Piantedosi' establece un régimen de sanciones que incluyen la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar, con multa de 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque.
Además, esta ley obliga a pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos.
El Consejo de Europa había pedido al Gobierno italiano cuando se aprobó la norma que retrocediera debido a que podría privar a los migrantes de una "asistencia vital".
En lo que va de 2024, más de 52.000 migrantes han alcanzado Italia a través del Mediterráneo, un número muy bajo en relación a los casi 139.000 que habían llegado al país en el mismo período de 2023. EFE
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