Bruselas, 9 oct (EFE).- La estrategia de inversión Global Gateway de la Unión Europea (UE), que quiere movilizar 300.000 millones de euros hasta 2027 para favorecer el desarrollo, puede, por el contrario, exacerbar las desigualdades y favorecer principalmente a corporaciones europeas, según un informe de Oxfam presentado este miércoles.
“Hemos revisado docenas de proyectos y hemos encontrado que los proyectos de Global Gateway se están desarrollando para impulsar a las empresas de la UE en el Sur Global a pesar de graves riesgos sociales, económicos y medioambientales”, indicó una de las autoras del informe y responsable de Counter Balance, Alexandra Gerasimcikova, durante la presentación del informe en Bruselas.
Global Gateway se presenta como una alternativa sostenible, basada en valores y transparencia, a la creciente presencia geopolítica y económica de China en el mundo a través de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda.
El estudio de Oxfam, desarrollado junto a Counter Balance y Eurodad, ha examinado 40 proyectos financiados por Global Gateway con el foco puesto en especial en si estas iniciativas, centradas fundamentalmente en los sectores del clima, la energía, digital y la salud, se corresponden con objetivos de desarrollo como la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, la protección de los derechos humanos o el desarrollo sostenible.
De acuerdo con el informe, más del 60 % de los proyectos analizados beneficiaban al menos a una empresa europea, entre ellas grandes firmas como Siemens, Suez o BioNTech.
Según los impulsores del estudio, esto puede priorizar la promoción de oportunidades para corporaciones europeas en detrimento de las del Sur Global, lo que puede afectar a objetivos de desarrollo como la reducción de la pobreza.
En concreto, creen que Global Gateway promueve los intereses comerciales y geopolíticos de la UE, fomenta la privatización de infraestructuras y servicios públicos en el sector energético en el Sur Global y amenaza con aumentar la carga de la deuda de esos países.
También alertan de que se produzcan impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente y de que la forma en que se han desarrollado e implementado los proyectos no ha sido suficientemente democrática ni transparente.
La directora de programas de Oxfam en América Central, Martha Sánchez Gutiérrez, pidió más conexión con las comunidades locales e indígenas a la hora de diseñar los proyectos que serán financiados por Global Gateway y lamentó no tener más debates con los responsables comunitarios en los países del Sur Global para tener más impacto.
“No estamos invitados a las conversaciones en la región. Nos enteramos más de Global Gateway por publicaciones en redes sociales”, lamentó.
Además, se preguntó cómo puede operar esta iniciativa comunitaria en países que van hacia una deriva más autoritaria y citó como ejemplo a su Nicaragua natal.
Otro hallazgo del informe es que solo un 16 % de los proyectos de Global Gateway invierten en “sectores clave de desarrollo” como sanidad, educación o investigación.
No obstante, la jefa de unidad en la Dirección de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Marlene Holzner, que fue invitada también a la presentación, dejó claro que el objetivo fundamental de "cada céntimo" que se invierte a través de esta iniciativa es "el desarrollo humano".
Recordó que los proyectos están diseñados en más de 100 países, donde se consulta a los interesados a través de las oficinas de representación de la Comisión, y lamentó que, a su entender, el informe parta de “una hipótesis, que es que dar dinero a un hospital o escuela es bueno y dar créditos al sector privado es malo”.
Aseguró que trabajar con la financiación de bancos a partir del presupuesto que pone la Unión Europea les permite multiplicar el dinero disponible para proyectos.
Una de las autoras del informe y responsable de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), Farwa Sial, recalcó que, “si hablamos de inversión, tenemos que ver su calidad y sus resultados”.
El estudio alerta de casos como el de un proyecto en Perú que alienta a familias pobres a contratar hipotecas para propiedades ecológicas mediante un pago inicial sustancial, “fomentando el endeudamiento individual y empujándoles potencialmente más hacia la pobreza”. EFE