Quito, 8 oct (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la colocación de un grillete electrónico para una exasambleísta y tres de sus parientes detenidos el martes en el marco de un caso que investiga presunta concusión, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.
Con base en 59 elementos de convicción, la Fiscalía formuló cargos a la exlegisladora Bella J. -en calidad de presunta autora-, Jorge P. (su hijo), Jimmy J. (su hermano) y Elena O. (su cuñada) -como presuntos cómplices- por su supuesta participación en el delito de concusión.
En su resolución, el juez nacional Marco Rodríguez ordenó la colocación de grillete electrónico, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país para los cuatro, precisó la Fiscalía en un comunicado en el que especifica que el caso se llama "En familia".
Además, la retención de cuentas por 5.520 dólares a cada uno, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa; la prohibición de enajenar bienes por 20.000 dólares a la imputada en el grado de autora y por 10.500 dólares a los presuntos cómplices, para garantizar una eventual reparación integral.
La Fiscalía recordó que, luego de que Bella J. fuera elegida como legisladora por votación popular, el 7 de febrero de 2021 -y una vez posesionada en su cargo-, habría exigido 3.000 dólares a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo.
Ante esta exigencia, el 27 de abril de 2022, habría transferido el dinero a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta. Tras esta acción, la entonces legisladora solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional la vinculación laboral del mencionado ciudadano, quien ocuparía el cargo de asesor nivel 2.
Pero este no es el único hecho que Fiscalía investiga, "pues Bella J. habría continuado abusando de su cargo: alrededor de la misma fecha, Elena O. (su cuñada) habría contactado a otra ciudadana con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional, en el despacho legislativo de Bella J.", relata el Ministerio Público.
Para el efecto, agrega, habría exigido 6.000 dólares, a cambio de su contratación.
Una parte del dinero habría sido entregada al hermano de la entonces legisladora, Jimmy J. -a través de un cheque-, recalcando que la diferencia se consignaría cuando se haga efectiva la contratación.
La mujer fue contratada; sin embargo, dos meses después, fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna, reza el escrito.
La Fiscalía presentó certificados y oficios que demuestran las vinculaciones laborales de los denunciantes al despacho de Bella J. en la Asamblea Nacional.
También, interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las acciones antes descritas, que configurarían el ilícito que se investiga en este caso.
A esto se sumaron informes periciales, certificaciones bancarias de las transacciones efectuadas y versiones, entre otros.
La instrucción fiscal durará 90 días.
En octubre de 2021, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador destituyó a la entonces legisladora Bella Jiménez, la segunda vicepresidenta del Legislativo, acusada de haber tramitado cargos públicos a cambio de dinero, una denuncia que ella negaba.
La Constitución del Estado prohíbe a los parlamentarios "gestionar nombramientos de cargos públicos" o "percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas".
Además, precisa que quien incumpla alguna de las prohibiciones descritas en la Carta Magna "perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley". EFE