Declaran sin lugar recursos contra decreto conocido como 'Pacto de impunidad' en Honduras

Tegucigalpa, 8 oct (EFE).- El Supremo de Honduras declaró este martes "sin lugar" dos recursos contra una ley, conocida como 'Pacto de impunidad', mediante el cual se concedió "amnistía general, amplia e incondicional" a funcionarios y otras autoridades electas durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya.

Después de una reunión del pleno de magistrados se ha "determinado por mayoría de votos, en una votación de diez a cinco, declarando sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad acumulados", dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.

Agregó que los dos recursos fueron enviados por la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022, "contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan", más conocido entre los hondureños como 'Pacto de impunidad', por considerar que bajo el paraguas de esa amnistía se ha favorecido a exfuncionarios que cometieron presuntos actos de corrupción durante el Gobierno de Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009).

Zelaya, esposo de la presidenta hondureña Xiomara Castro, ahora es el principal asesor de la mandataria y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

Duarte subrayó que el pleno de los magistrados declaró la "inconstitucionalidad" de los recursos presentados contra el decreto 04-2022, en una votación de diez a favor y cinco en contra.

La votación mayoritaria resolvió que "lo aprobado por el Congreso Nacional (Parlamento) en su totalidad, es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia" y que "lo que se declara es sin lugar", agregó.

La resolución de los magistrados fue cuestionada por varios sectores, entre abogados, analistas y diputados de la oposición, de los que algunos consideran que el Poder Judicial le ha dicho hoy "no a la venida de la CICIH", una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, con el apoyo de las Naciones Unidas, una de las promesas de la presidenta del país al asumir el poder, el 27 de enero de 2022 y durante su campaña política.

Naciones Unidas exige algunas reformas a las leyes hondureñas para garantizar una CICIH en Honduras, país donde la corrupción es uno de los flagelos más graves que ha sufrido en su historia.

La polémica norma sobre la que deliberó hoy el pleno del Supremo, fue promulgada por Castro en 2022 y concede "amnistía general, amplia e incondicional" a funcionarios, empleados o autoridades electas durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando le faltaban siete meses para finalizar su mandato.

La amnistía incluye a las personas que fueron "víctimas del golpe de Estado (a Zelaya), requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".

También favorece a las personas que se manifestaron y fueron "reprimidas por acciones policiales y militares, y criminalizadas por el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas".

La ley ordena que el Poder Judicial, Ministerio Público y dependencias policiales, militares y penitenciarias que tengan registros o antecedentes sobre las personas beneficiadas por la amnistía, deben "proceder al cierre administrativo de los mismos y al archivo de las diligencias".

El documento también deroga el decreto legislativo 141-2009, rechaza y condena el golpe de Estado contra Zelaya, quien fue derrocado cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores. EFE