El Comité de Investigación de Bielorrusia ha presentado este martes cargos contra al menos 45 opositores al Gobierno del presidente, Alexander Lukashenko, por tratar presuntamente de poner en marcha medidas para socavar las elecciones previstas para 2025 en el país. Las autoridades han confiscado de momento las propiedades de estas 45 personas a medida que la Justicia analiza sus casos, según ha explicado la propia entidad. Todos ellos forman parte de la llamada Plataforma 2025, que estaría implicada en acciones cuyo objetivo es echar por tierra procesos electorales. Asimismo, algunos de ellos han sido acusados de participar en las manifestaciones a favor de la democracia en Bielorrusia, donde la oposición ha acusado al presidente de haberse arrogado la victoria en las últimas elecciones presidenciales a pesar de no contar con los apoyos suficientes para permanecer en el cargo. Los investigadores han asegurado que Plataforma 2025 fue creada para "facilitar la injerencia exterior en los asuntos internos del país, imponer un curso político contrario a los intereses nacionales y propagar información destructiva". Además, acusan a sus miembros de fomentar un aumento de la tensión y la confrontación en la sociedad bielorrusa. Al margen de los imputados, los investigadores han identificado a otros 22 individuos que se habrían sumado a las actividades de la influyente opositora Svetlana Tijanovskaya y sus seguidores para "hacerse con el poder de forma inconstitucional en Bielorrusia". "Todos ellos han sido identificados como sospechosos", recoge el documento. El Comité de Investigación ha explicado, además, que tomará las medidas necesarias para garantizar que estas personas compensan los daños causados, especialmente mediante este tipo de protestas, que cuenta con apoyo desde el exterior. Las autoridades bielorrusas han incrementado recientemente las medidas de persecución contra miembros de la oposición y activistas contrarios al Gobierno. El pasado mes de agosto, la Unión Europea denunció la situación interna que atraviesa el país, donde calcula que hay 1.400 presos políticos. En este sentido, ha alertado de la creciente campaña de "violencia e intimidación" contra las voces contrarias a Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994.