Madrid, 7 oct (EFE).- Pese a que hace 13 años del cese de la violencia de la organización terrorista ETA, una reforma legal para convalidar las penas cumplidas en estados miembros de la Unión Europea, que en la práctica puede beneficiar a 44 miembros de la banda, ha provocado una tormenta política en España.
La reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales -que permitiría computar en España las condenas de etarras cumplidas en otros países- fue aprobada por unanimidad de todos los partidos en el Congreso en septiembre y no recibió tampoco enmiendas para su tramitación en el Senado, prevista para mañana martes.
El hecho de que no se hayan presentado enmiendas implica su aprobación prácticamente automática en la Cámara Alta.
El tema se remonta a 2014, cuando la legislación española se reformó para adecuarse a una normativa europea que pretende armonizar el cumplimiento de las condenas en los estados miembros y evitar que una persona cumpla penas en varios países por un mismo delito.
En España, el Gobierno -que en 2014 era del Partido Popular- incluyó una disposición que impidió que presos de ETA que habían cumplido penas en Francia se beneficiaran del ajuste.
Ahora, la reforma aprobada por el Congreso incluye una enmienda de Sumar (izquierda) -socios del Gobierno socialista- para derogar esa excepción.
La polémica se ha desatado porque, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la modificación permitirá a 44 presos de la organización terrorista vasca salir antes de prisión debido a que se computarán sus tiempos en la cárcel previos en Francia.
Desde el PP aseguran que votaron a favor por un "error generalizado" y acusan al Gobierno de haber hecho una "jugarreta" a la hora de introducir las enmiendas a votación.
"Para nosotros es un tema crítico, no va a quedar así", ha dicho el portavoz del PP, que junto con el ultraderechista Vox ha pedido al Gobierno que retire la reforma antes de la sesión prevista para este martes en el Senado.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, ha señalado que la reforma es "la transposición de una Directiva europea" que fue "aprobada por unanimidad", incluso por "la extrema derecha".
"Es una Directiva y, por tanto, fuente de derecho europeo y español. La hemos traspuesto y fue aprobada en Europa por unanimidad", ha insistido.
También el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, ha afirmado que se tata de "una transposición de una normativa europea que no hace distinciones entre un tipo de presos y otro tipo de presos".
Ya no existe "ningún régimen de excepcionalidad" ni en España ni en Europa y la normativa europea debe tratar a "todas las personas por igual", ha zanjado. EFE
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