CIDH otorga medidas cautelares a exmilitar que rechazó a balazos su arresto en Nicaragua

La CIDH solicita a Nicaragua proteger los derechos del militar retirado Eddie Moisés González, quien enfrenta serias acusaciones y se encuentra aislado en un centro penitenciario sin acceso a defensa legal

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San José, 07 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este lunes medidas cautelares a favor del militar retirado nicaragüense Eddie Moisés González Valdivia, que fue detenido en medio de un tiroteo por la Policía Nacional y civiles armados en el norte de Nicaragua.

El mayor retirado, hermano de la periodista Nohelia González, forma parte de los 45 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.

En una declaración, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor del militar retirado, catedrático universitario y consultor de empresas tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.

Según la parte solicitante, González se encuentra recluido en el centro penitenciario Jorge Navarro 'La Modelo', incomunicado, y sin conocerse sobre su estado de salud y estado de detención.

"De la misma manera, el beneficiario estaría sin poder acceder a su expediente judicial y sin una defensa legal eficaz", agregó ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su parte, el Estado de Nicaragua no proporcionó información que permita determinar que los factores de riesgo identificados se hayan mitigado debidamente, indicó la CIDH en su resolución.

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que González se encuentra en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de privado de libertad, la falta de comunicación con sus familiares y abogados defensores, las condiciones de reclusión, así como la falta de información oficial sobre su detención.

Con base en el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del militar retirado, y asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.

El mayor en retiro, de 66 años, fue acusado por los delitos de homicidio frustrado, uso de armas restringidas, uso indebido de uniformes o pertrechos del Ejército, y daños y obstrucción de funciones, en perjuicio de un oficial de la Policía, dos policías voluntarios, y el Estado de Nicaragua.

Según la acusación del Ministerio Público, un contingente de policías profesionales y policías voluntarios, entre ellos las víctimas, realizaron el domingo 14 de julio pasado un allanamiento con carácter urgente en la vivienda de González tras recibir una denuncia anónima en la que aseguraban que el militar retirado tenía en su poder fusiles de guerra, municiones y material explosivo.

Previo a su detención, González, un exguerrillero sandinista, publicó en su cuenta de la red social Facebook un mensaje: "En estos momentos los policías vinieron (...) y con violencia quisieron entrar a mi casa... Solo hay un camino".

Según la prensa local, el mayor en retiro rechazó a balazos el arresto policial e hirió a un oficial y a un civil armado cuando intentaban capturarlo dentro de su vivienda, lo que fue corroborado por la acusación de la Fiscalía.

El exmilitar también resultó herido de bala y fue trasladado en una patrulla a un centro asistencial en Estelí (norte), según testigos que publicaron videos en redes sociales.

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE

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