Imane Rachidi
La Haya, 5 oct (EFE).- El gobierno neerlandés, liderado por la derecha radical, ha renunciado a los intentos de trasladar a Países Bajos a un grupo de guardias afganos que protegieron la embajada en Kabul de 2002 a 2021, una decisión que causa revuelo en el Parlamento, entre alertas sobre las posibles represalias del régimen talibán, que los considera traidores.
El gabinete anterior, que lideraba el liberal Mark Rutte, decidió trabajar en la acogida de un “grupo limitado” de antiguos guardias afganos, dado que trabajaron durante dos décadas en la protección del diferente personal neerlandés durante la presencia militar extranjera en Afganistán, y aceptó protegerlos por miedo a las represalias por parte de los talibanes, que consideran que estos trabajaron para el “enemigo” occidental.
Pero el actual gobierno, liderado desde julio por el funcionario Dick Schoof al frente de una coalición de cuatro partidos que incluye a la derecha radical, ha revertido esa decisión por, entre otras razones, considerar que estos guardias no estaban “directamente” al servicio del Ejecutivo neerlandés, sino que fueron contratados a través de una empresa de seguridad externa.
Además, la decisión de traerlos a Países Bajos, a petición de la mayoría parlamentaria, trataba de 145 empleados de seguridad, que, junto a sus familias, ascendían a 965 personas. El gabinete de Schoof dice que los documentos del Ministerio de Defensa sugieren ahora que el número podría ascender a casi 1.000 guardias, que, además de sus familias, sumarían unas 4.500 personas.
Aunque el paradero de muchos guardias es desconocido y “posiblemente estén ya en países seguros”, el coste de trasladar a las familias juega un papel en la decisión, admitieron los ministros de Exteriores, Defensa y Asilo en una carta enviada al Parlamento. Incluso si solo fuera el grupo más pequeño que se pensaba, se necesitarían unos 30 millones de euros, aseguran.
"Así que el gobierno actual toma una decisión diferente. Pero, dentro de la política existente, el gabinete sigue prestando atención a los casos extremos, al igual que lo hizo el gabinete anterior", señalan los ministros en su misiva, que ha causado una lluvia de críticas parlamentarias, al considerar que el Ejecutivo de Schoof deja tirados a los guardias afganos.
La diputada Kati Piri, del bloque de izquierdas de los verdes y socialdemócratas GL-PvdA, señaló que esta decisión es “desalmada e indignante” y consideró una “deuda de honor” evacuar a los guardias.
Desde Llamada Democristiana CDA, Derk Boswijk, señaló que esto es “demasiado doloroso” y recordó que se están incumpliendo “promesas ya hechas”, mientras que los progresistas de D66 calificaron la negativa a evacuar a los guardias de “vergonzosa”.
En un debate parlamentario exigido en respuesta a esta decisión, nueve partidos de la oposición lanzaron este jueves duras críticas contra el Ejecutivo y han coincidido en que revertir la intención de trasladar a los guardias afganos a Países Bajos es la “firma de una sentencia de muerte” y la puesta de esas “personas en peligro mortal”.
Uno de los socios del gobierno, NSC, tuvo dificultades para explicar la decisión, tras haber sido una de las voces de la anterior legislatura a favor de ayudar a los guardias afganos. Su diputado, Isa Kahraman, consideró este tema “complicado” y un “dilema” con “consideraciones morales”.
No obstante, el partido de la derecha radical PVV, que tiene mayoría en el gobierno, defendió la decisión. "No queremos más extranjeros en Países Bajos”, señaló Raymond de Roon, quien aseguró que los guardias afganos no se sacrificaron por los neerlandeses al vigilar el campamento militar, sino que “lo hicieron por el dinero”.
Los ministros involucrados no han dado explicaciones porque el debate fue suspendido para que la Cámara pueda leer nuevos documentos, y volverá a programarse otra sesión.
No es el primer escándalo en el que Países Bajos se ve envuelto por su forma de abandonar Afganistán en 2021. Cuando el país cayó en manos de los talibanes el día 15 de agosto, los empleados neerlandeses de la embajada fueron evacuados de inmediato, dejando atrás a los afganos e intérpretes que trabajaron para sus militares, a riesgo de sufrir represalias.
Las entonces ministras de Defensa, Ank Bijleveld, y de Exteriores, Sigrid Kaag, dimitieron después tras ser objeto de una moción por la gestión de las evacuaciones. Poco después, el Ejecutivo confirmó que un intérprete afgano había sido asesinado en Kabul, cuando se le había registrado el 16 de agosto en la lista de personas a evacuar por Países Bajos.
Países Bajos es uno de los cuatro Estados que anunció el pasado mes en la sede de la ONU en Nueva York que demandarán a Afganistán en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violar derechos de las mujeres. EFE