La Paz, 5 oct (EFE).- Varios opositores bolivianos destacaron este sábado que un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y fue cerrado en 2020, en el que se acusa al Estado boliviano de vulnerar los derechos extranjeros y bolivianos, haya pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el viernes en un comunicado que el pasado 26 de julio presentó a la CorteIDH el caso el caso 13.546, conocido en Bolivia como 'caso terrorismo' referido a "violaciones ocurridas en el marco de un operativo policial" en la ciudad de Santa Cruz, hace 15 años.
La nota hace referencia a un informe de hace unos años en el que la CIDH concluyó "la falta de investigación y esclarecimiento" en la muerte del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial, y que atribuyó fue "responsabilidad" del Estado boliviano.
Asimismo, recuerda que las acciones que se tomaron hacia el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza "constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal" con detenciones "ilegales y arbitrarias".
La comunicación también señala las recomendaciones que hizo la CIDH, como las reparaciones para las víctimas o el inicio de una investigación penal para identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.
El asambleísta departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, quien estuvo preso 10 años por ese proceso, celebró que "al fin" ese caso llegue a un juicio internacional y recordó que por esto se tuvo "a 39 familias perseguidas" durante una década.
Matkovic mencionó que en ese caso hubo gente que "montó pruebas" y recordó que el expresidente Evo Morales (2006-2019) reconoció en 2009 reconoció que "él mismo había dado la orden para que se intervenga" y se haga el operativo.
Mientras que el diputado Alejandro Reyes, del partido opositor Comunidad Ciudadana, dijo que lo importante es hallar la responsabilidad "intelectual y material" en ese suceso, por lo que "Evo Morales tiene que enfrentar a la Justicia".
Por su parte, la diputada Ninoska Morales, del bloque del Movimiento al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce dijo que el caso haya pasado a la CorteIDH es un "precedente" y que "Evo Morales debería ser investigado".
En abril de 2009, una operación policial en un hotel de Santa Cruz se saldó con tres extranjeros muertos, incluido Dwyer, y la detención de Tadic y Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente Evo Morales.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.
Al cabo de su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado boliviano ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas siempre denunciaron que este caso se inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz, e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, luego de que el entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) y la Fiscalía retiraran su acusación. EFE
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