La disputa política entre Morales y Arce divide a la izquierda y plantea dudas sobre el futuro de Bolivia

La disputa entre Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, ha estado en el centro del debate político en Bolivia durante los últimos años, si bien ha sido en las últimas semanas cuando ha alcanzado nuevos picos de intensidad, ahondando aún más en la división de la izquierda con las elecciones de 2025 en el horizonte. A pesar de que Arce llegó a ser durante doce años ministro de Economía de los gobiernos de Morales y el elegido por el expresidente para ser su sustituto en las elecciones de 2020 y solventar así la crisis política de 2019, desde que este asumió la Presidencia la relación entre ambos no ha dejado de empeorar. Morales parece no haber digerido su salida abrupta del país en medio de las acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2019 y desde su vuelta ha estado criticando a Arce por lo que considera una mala gestión de su legado. Mientras, el nuevo presidente alerta de que están queriendo sacarle del poder. Esta cada vez mayor tensión entre ambas figuras ha influido sobre manera en sus seguidores, que han trasladado esa disputa a las calles, con manifestaciones y encontronazos que dejaron decenas de heridos durante la primera parada de la marcha convocada a finales de septiembre por Morales para llegar a La Paz. Más allá del apoyo a las demandas legítimas de una parte de la población que protesta por la escasez de combustible y de dólares, así como por la devaluación del peso boliviano y la caída de las exportaciones, lo cierto es que la disputa parece centrarse en quién será el candidato de la izquierda para 2025. Todo explotó tras la celebración en octubre de 2023 de un congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) que dejó al partido en una suerte de bicefalia, que los seguidores de Morales intentaron romper expulsando a Arce del partido, algo que fue anulado por el Tribunal Superior Electoral, ahondando así más en la sensación entre los 'evistas' de la supuesta connivencia de los jueces con el Gobierno. Las decisiones judiciales han mermado las aspiraciones políticas de Morales, a quien en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional asestó un varapalo al negarle la reelección indefinida, estableciendo que en Bolivia ningún cargo político puede ejercer un mandato más de dos veces ya sea de forma continua o discontinua. Sin embargo, un Morales aupado por una parte de las bases del MAS insiste en esta idea --"a las buenas o a las malas", llegó a decir-- y no renuncia a recuperar la influencia que una vez tuvo en el Gobierno y que comenzó a diluirse cuando Arce conformó sus gobiernos con perfiles alejados del expresidente. "Si hubiera sido el ideólogo, en tres años hubiera levantado la economía de Bolivia", dijo Morales, que definió a quien fuera su ministro de Finanzas durante más de una década como un mero "cajero". INTENTO DE GOLPE DE ESTADO Antes de la marcha del mes pasado de Morales y los suyos hacia La Paz, esta ciudad ya vivió a finales de junio el que es por ahora el momento más álgido de una crisis que plantea interrogantes sobre el futuro político de Bolivia. El 26 de junio, la plaza Murillo de La Paz --centro político del país-- fue escenario de una efímera intentona de golpe de Estado por parte del general Juan José Zúñiga. Una asonada de la que Morales y Arce se acusan mutuamente. Para el primero, fue un truco del segundo para mostrar fortaleza, mientras que Arce apunta que se trata de una nueva forma de intentar echarle del cargo. La polémica abre esta semana con un nuevo episodio al conocerse que durante unas horas existió una orden de detención contra Morales por un supuesto delito de abuso y trata de menores, que finalmente fue cancelada, entre las protestas de los fiscales de haber recibido presiones del fiscal general, Juan Lanchipa. A finales de semana, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, anunció que se sumaba a las investigaciones. El presidente Arce anunció que solicitará a la Fiscalía que lleve a cabo con carácter reservado las diligencias oportunas a fin de evitar la politización de un caso en el que se apunta a Morales como responsable de una relación sexual con una menor de 15 años de la cual nació un niño.