Bildu ha pactado con el Gobierno de coalición reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien ha destacado que esta reforma supondrá "acabar con la 'ley mordaza', como se conoce a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana llevado a cabo en 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP. El nuevo texto legislativo, ha precisado, "recoge todos los acuerdos y avances logrados" entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero que no contaron con el apoyo de Bildu y ERC porque los consideraban insuficientes. De hecho, el portavoz de Bildu en la Comisión de Interior, Jon Iñarritu, ha destacado que los cuatro puntos pactados ahora con el Gobierno parten de las enmiendas transaccionales que en su día presentaron junto a ERC. Aizpurua se ha congratulado de que ahora sí hayan podido acordar con PSOE y Sumar los asuntos que entonces quedaron pendientes. "Con este acuerdo desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley Mordaza, vaya a hacerse realidad", ha destacado. OBJETIVABLES Y JUSTIFICADAS Así, ha señalado que la futura ley pondrá fin a la "discrecionalidad" que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015. "A partir de ahora esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión", ha dicho Aizpurua. En concreto, sólo podrán sancionarse los "insultos o injurias" que no sean delito, pero siempre que sean "expresiones relevantes" y no la mera negativa a cumplir una orden legal. Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de infracción grave a leve. La desobediencia sólo será sancionable cuando haya un "negativa expresa a cumplir una orden ajustada a la legalidad" o exista una "resistencia corporal a un mandato de los agentes", siempre que estén ajustados a la normativa. SUSTITUCIÓN PROGRESIVA El pacto de Bildu con el PSOE y Sumar también incluye la sustitución progresiva de las pelotas de goma "por otros medios menos lesivos". En concreto, se ha acordado añadir una disposición adicional nueva sobre la gestión policial y el material antidisturbios. "Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", reza el acuerdo. Preguntados sobre si les valdría que las pelotas de goma se sustituyan por pelotas de foam, desde Bildu recalcan que el compromiso es que se utilice material que cumpla los "criterios internacionales", "no produzca daños irreparables" y estén sujetos a protocolos de transparencia que permita investigar en el caso de que haya "accidentes". Los firmantes se remiten a lo que ya ha ocurrido en comunidades como el País Vasco y Cataluña donde estas pelotas ya no se usan y han sido sustituidas por otros materiales y, en todo caso, subrayan que esa es una decisión técnica que corresponde a las fuerzas policiales y que el calendario para su sustitución lo planteará el Gobierno. REFORMAR LEY DE ASILO Respecto a las 'devoluciones en caliente' las tres formaciones han acordado que en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se incluya una nueva disposición adicional en la Ley de Extranjería para "garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario". Así, toda persona que esté en territorio español antes de una posible expulsión deberá pasar por los puntos habilitados en frontera para analizar y evaluar si se trata de un posible solicitante de asilo. En este punto, Santiago ha deslizado que, a su juicio, lo más "ortodoxo" sería reformar la Ley de Asilo y no la de extranjería. La proposición de ley ya tiene la firma de PSOE, Sumar y Bildu y se va a dar margen al resto de socios del Gobierno por si se quieren unir antes de registrarla. Por lo pronto, tanto ERC como el PNV han avanzado su apoyo. La intención es que en las próximas semanas se pueda debatir su toma en consideración en el Pleno y que esté definitivamente aprobada "antes de final de año", según ha especificado el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, quien ha abogado por una "tramitación exprés". CONFÍAN EL APOYO DE PODEMOS Y JUNTS Tanto Bildu como Sumar confían en que cuente con el apoyo de todo el bloque de investidura, incluida Junts, a la que Santiago ha hecho un llamamiento expreso, recordando que sí apoyaron el dictamen que naufragó la pasada legislatura en la Comisión de Interior. "Espero que ninguna fuerza que se dice de izquierda haga que caiga esta reforma y nos deje 10 años más con esta ley el PP", ha subrayado Santiago ante las críticas de Podemos al acuerdo. Además, fuentes parlamentarias han apuntado que inicialmente desde el partido morado no habían puesto pega alguna al texto acordado. Aizpurua ha hecho hincapié en que este pacto es fruto de un "arduo" y largo trabajo con el que se salda una "asignatura pendiente para el Gobierno" y ha insistido en que "no tiene nada que ver" con otras negociaciones como la relativa al techo de gasto o los Presupuestos para 2025. A este respecto, Santiago sí ha recalcado que este es "un caso político muy importante" para fraguar acuerdos entre las fuerzas progresistas "para mejorar las condiciones de vida de la gente de este país". "Este método de trabajo debe ampliarse para que tengamos una legislatura muy larga y productiva y yo creo que va a ser así", ha dicho. Además, el portavoz adjunto de Sumar ha indicado que tras haber logrado que la reforma de la 'ley mordaza' fuera más allá de "acabar con las sanciones a los periodistas por el ejercicio de su trabajo", el siguiente paso debe ser la reforma del Código Penal para la derogación de los delitos de libertad de expresión. Por último, Santiago ha puesto en valor el trabajo realizado por Bildu para "conseguir llevar al acuerdo a algunas fuerzas que todavía tenían dudas de que había que priorizar lo fundamental: la recuperación de derechos y libertades públicas".