Renuncia de otro juez británico genera dudas sobre la independencia judicial en Hong Kong

La renuncia del juez Nicholas Phillips se suma a la preocupación por la independencia judicial en Hong Kong, tras un aumento en las dimisiones de jueces extranjeros en un contexto político restrictivo

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Hong Kong, 30 Sep (EFE).- El juez británico Nicholas Phillips renunció el lunes a su puesto en el Tribunal de Apelación Final de Hong Kong, tras elegir no extender su mandato por "razones personales".

Phillips, de 86 años, ha sido una figura prominente en el sistema judicial de la ciudad, y su decisión se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la independencia judicial, por lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad del tribunal.

Se trata del quinto caso de un juez extranjero que se retira de este organismo en lo que va del año, suscitando preocupaciones sobre la capacidad de los tribunales para preservar su independencia y salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos en un contexto político cada vez más restrictivo.

La retirada sigue a las de Jonathan Sumption y Lawrence Collins, antiguos jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido, que en junio presentaron su dimisión al líder del territorio de la antigua colonia británica, John Lee.

Tras renunciar, Sumption publicó un artículo de opinión en el diario británico Financial Times en el que afirmaba que las libertades de los jueces habían sido "severamente limitadas" en un contexto de "atmósfera opresiva y paranoia entre las autoridades”.

El Gobierno, por su parte, respondió en un comunicado que tales afirmaciones eran "totalmente erróneas, absolutamente infundadas y deben ser refutadas con firmeza".

Según el Gobierno hongkonés, jurisdicción de Derecho consuetudinario, el nombramiento de destacados jueces extranjeros para su máximo tribunal es un rasgo que atestigua su independencia judicial.

La ciudad volvió al dominio chino en 1997 bajo la promesa de Pekín de que conservaría su autonomía, libertades y un poder judicial independiente.

Pero dicha confianza se vio sacudida después de que dos miembros extranjeros no permanentes -el veterano juez australiano James Spigelman y la ex alta magistrada británica baronesa Brenda Hale- dimitieran tras la promulgación de la legislación de 2020, la cual ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.

Asimismo, los magistrados Robert Reed y Patrick Hodge presentaron su dimisión en 2022, alegando que ya no podían seguir formando parte de un sistema judicial que parecía respaldar una administración que se había alejado de los principios de libertad política y libertad de expresión.

Por su parte, Reed señaló que el Gobierno británico estaba en lo cierto al considerar que los jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido "no pueden seguir sentados en Hong Kong sin que parezca que aprueban una gestión que se ha apartado de esos valores democráticos fundamentales".

Tras la salida de Phillips, tan solo quedan seis jueces extranjeros en el Tribunal de Apelación Final de Hong Kong: el juez sudafricano-británico Leonard Hoffmann, el británico David Neuberger, y los australianos William Gummow, James Allsop, Patrick Keane y Robert French.

Las recientes renuncias se produjeron en un contexto de creciente preocupación internacional por el deterioro de las libertades en Hong Kong con la implementación, tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019, de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekin en 2020.

Esta controvertida normativa ha otorgado a la policía amplios poderes, lo que ha resultado en cientos de arrestos y la creación de nuevos precedentes legales, mientras numerosas organizaciones de la sociedad civil han desaparecido.

No obstante, las autoridades sostienen que esta necesaria medida ha restablecido la estabilidad y la paz en la ciudad, desestimando las críticas provenientes de socios comerciales, la ONU y diversas ONG.

Adicionalmente, la nueva Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, de origen local, se centra en delitos como la traición, la insurrección y el espionaje. Esta normativa permite la detención preventiva de hasta 16 días y puede restringir el acceso de los sospechosos a la asistencia legal, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.EFE

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