Rachida, saharaui retenida en Barajas: Si me expulsan, que sea a otro país, no a Marruecos

Rachida Amaador, joven saharaui, enfrenta la posibilidad de ser expulsada a Marruecos tras denegarle su solicitud de asilo en España, donde se encuentra retenida en el aeropuerto de Barajas

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Madrid, 27 sep (EFE).- La joven saharaui Rachida Amaador, de 32 años, lleva una semana retenida en el aeropuerto de Barajas en Madrid tras ver denegada su solicitud de asilo, y ahora teme ser devuelta a Marruecos y acabar en una cárcel marroquí.

"Solo pido protección y, si no me la dan, que me expulsen a otro país, pero a Marruecos no", señala la joven en una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde la sala de asilo de la Terminal 4.

Llegó en un vuelo desde Marrakech huyendo de las autoridades marroquíes; pidió protección internacional pero el Ministerio español del Interior se la ha denegado. A pesar de que ha sido una semana muy dura para ella, mantiene la esperanza: "Creo que España es un país que respeta los derechos humanos", razona.

Lleva siete días sin poder ducharse ni cambiarse de ropa, alimentándose a base de pan y agua -según relata, la comida es "malísima" y no es halal, por lo que no puede comerla- y comparte una habitación que debería ser para tres personas con otras siete.

Amaador es tía de Husein Bachir Amadour, un activista saharaui que llegó a España en patera en 2019 y fue devuelto a Marruecos, donde fue condenado a 12 años de cárcel. Fue procesado por "homicidio premeditado", pero el Frente Polisario denunció que fue encarcelado por su activismo político.

El calvario de Rachida comenzó cuando intentó visitar a su sobrino en la cárcel; se lo impidieron y ella se manifestó para protestar por ello, lo que acabó con su detención y tortura por parte de las autoridades marroquíes.

Ahora teme seguir los pasos de su sobrino: "Tengo miedo de que me condenen en Marruecos porque mi madre solo me tiene a mí y sufriría mucho", explica.

Ella es una de los 35 saharauis retenidos en el aeropuerto que han pedido protección internacional, les ha sido denegada, y están al borde de la devolución, según ha relatado a EFE la abogada de varios de los solicitantes, Fatim El Galia.

Entre ellos hay siete mujeres, un niño de un año que padece una enfermedad y otra de uno y medio que ha desarrollado en los últimos días una alergia. Una de las mujeres estaba embaraza y ha sufrido un aborto, por el que fue trasladada al hospital y llevada de vuelta al aeropuerto.

Según El Galia, todos han denunciado haber recibido presiones de las autoridades marroquíes; algunos, como Rachida, son familiares de conocidos activistas saharauis o jóvenes pertenecientes a asociaciones estudiantiles movilizadas por la causa.

Fuentes del Frente Polisario han confirmado a EFE que algunos de los solicitantes retenidos son jóvenes activistas que han participado en manifestaciones por la soberanía del Sáhara Occidental.

En opinión de la abogada, el Ministerio español del Interior ha llevado a cabo "una denegación generalizada" de las solicitudes sin llevar a cabo un estudio individualizado, a pesar de que estos han sido "suficientemente documentados" y "bien probados", dando lugar a "respuestas idénticas" en la mayoría de los casos.

Al menos diez de los saharauis retenidos han recurrido a los tribunales para pedir de forma urgente que revoque su devolución, pero en todos los casos han sido rechazados.

El abogado Eduardo Ranz, que asiste a otros cinco saharauis, coincide en que todos tienen "un perfil clarísimo": son jóvenes que han participado en revueltas pacíficas para defender sus derechos, han sido detenidos y agredidos por las autoridades marroquíes y, tras su puesta en libertad, han sido amenazados con posibles ataques a su familia o con alistarles en el ejército.

Todos manifiestan sufrir persecución política y algunos de ellos han podido aportar pruebas como fotografías, informes médicos o tienen en su propio cuerpo señales o cicatrices de las agresiones sufridas, lo que, en su opinión, demuestra que existen "motivos humanitarios" para solicitar protección en España. EFE

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