Organizaciones sociales de Ecuador exigen fiscalizar casos de feminicidios y violaciones

Quito, 24 sep (EFE).- Mujeres en representación de varias organizaciones sociales y feministas de Ecuador exigieron este martes ante la Asamblea Nacional (Parlamento) del país que se fiscalicen los casos de feminicidios y violencia sexual, que se garantice la justicia y que no se permita la prescripción de estos delitos.

Las mujeres que asistieron a la Asamblea denunciaron las irregularidades que suceden en los procesos judiciales de feminicidios y abusos sexuales y solicitaron la necesidad de un proceso que evite la impunidad de los agresores.

David Díaz, hermano de Gabriela Díaz, una joven que sufrió una agresión sexual en 2013 y que más tarde acabó con su vida, explicó que, a pesar de que la Corte Nacional de Justicia dictó 25 años de prisión por violación con secuela de muerte en contra de sus agresores, uno de ellos recibió la prelibertad (libertad condicional) recientemente sin que existiera una petición formal y aplicando criterios contradictorios.

“Estas situaciones judiciales negligentes y corruptas ponen en peligro los derechos y la vida de las víctimas”, declaró Díaz.

La madre de Gabriela, Janeth Cañizares, consideró en una entrevista que ha habido “una total negligencia” en la vía judicial y habló de que en la ciudad andina de Riobamba existen más de una veintena de casos “donde los operadores de justicia pasan por encima de las leyes y aplastan a todas las víctimas”.

El hermano de Gabriela también mencionó el caso del posible feminicidio de Aidita Ati, la subteniente que fue hallada sin vida el 29 de junio en el Fuerte Militar Napo en Orellana, en un caso, según indicó, “manchado por el encubrimiento de las autoridades militares y la falta de transparencia dentro del proceso judicial”.

Por otro lado, Rosario Guamán, miembro de organizaciones sociales y feministas de Chimborazo y madre de una joven víctima de feminicidio, denunció que la Fiscalía de esta provincia no le permitió realizar una defensa técnica en el caso de su hija y que el sistema judicial permitió que el posible culpable huyera.

Guamán destacó que esta situación refleja la realidad de otras mujeres víctimas de feminicidio en el país y exigió que “se fiscalice la acción de fiscales y jueces que han sido ciegos e indolentes en el proceso”.

Otra de las representantes de estas organizaciones, Miriam Cuenca, narró su propio caso como posible víctima de violación por parte de su jefe y las irregularidades que presenció en su proceso.

Entre ellas tener que ofrecer el testimonio anticipado hasta siete veces, el archivamiento de su caso por la fiscal al aducir que no se resistió a la violación o la posibilidad de que su agresor le pusiese una denuncia con motivo de extorsión.

Tras esto, exigió a la Asamblea que se fiscalicen los casos de violencia sexual, en los que, expresó, “prevalece la corrupción a nivel de la Fiscalía, la corte y otras instancias judiciales”.

De su lado, Camila Orozco, también representante de estas organizaciones, recalcó que las víctimas no son cifras ni herramientas de un marketing político y exigió justicia y reparación para ellas.

Puso en su voz el mensaje de Paquita, la madre de Kerly, una joven de 26 años, cuyo caso de feminicidio ha pasado por cinco fiscales diferentes, e indicó que su agresor camina por las calles tras tres años y siete meses de dilaciones.

También habló del caso de Evelyn Flores, en que el levantamiento de su cadáver contaminó la escena de su asesinato al tomarlo como un suicidio, para más tarde descubrirse que la causa de su muerte había sido un golpe en la cabeza.

Estos casos ejemplifican el estado de impunidad que sigue afectando al sistema y Orozco exhortó a la Asamblea a que se creen comisiones especializadas individualizadas para la fiscalización exhaustiva de estos casos, así como que se examine la actuación de las autoridades involucradas y que exista un proceso de rendición de cuentas claro y transparente que presente informes detallados sobre el avance de los mismos.