Exigen al Gobierno de Ecuador proteger la vida de autoridades penitenciarias en riesgo

Quito, 19 sep (EFE).- La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador exigió este jueves al Gobierno que cumpla su obligación de proteger la vida y derechos de autoridades penitenciarias que trabajan en un entorno de riesgo, y condenó el caso de María Daniela Icaza, asesinada a tiros hace una semana en Guayaquil.

La Alianza humanitaria, en un comunicado, condenó enérgicamente el asesinato a tiros de Icaza, que ejercía como directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país y ubicada en la ciudad portuaria de Guayaquil.

También deploró "la falta de cumplimiento del Estado de sus más elementales obligaciones para prevenir la violación de los derechos fundamentales de la funcionaria Icaza" y de otras autoridades penitenciarias del país.

"Este crimen es el reflejo y producto de una crisis penitenciaria sin precedentes en Ecuador, en la que los funcionarios encargados de la seguridad y rehabilitación de personas privadas de libertad se encuentran en altísimo riesgo", subrayó la alianza de organizaciones.

Asimismo, rechazó que la Policía Nacional y la propia ministra del Interior, Mónica Palencia, hayan asegurado que Icaza no tenía protección al momento de su asesinato porque ella no había pedido previamente ese beneficio.

Al respecto, la alianza señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) obliga a los Estados de la región a adoptar medidas, en determinados contextos, para garantizar el derecho a la vida de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad o riesgo.

Recordó que Icaza ya había recibido múltiples amenazas desde finales del año pasado, cuando había asumido la función de Coordinadora de Pabellones de la Penitenciaría, denominada oficialmente como Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas Número 1.

La Alianza aseguró que el de Icaza "no es un caso aislado" y recordó el de Álex Guevara, director de la prisión de la provincia amazónica de Sucumbíos, Álex Guevara, fue también asesinado a tiros el pasado 3 de septiembre.

Asimismo, relató que en marzo pasado tres guías penitenciarios fueron asesinados en diferentes incidentes en la ciudad de Guayaquil.

"Los reiterados asesinatos de funcionarios y funcionarias estatales encargados de los centros de privación de libertad alertan de la poca eficacia de las medidas de recuperación del control (por parte del Estado) de los CPL en todo el país", añadió la Alianza.

Por ello, exigió que se investiguen los crímenes contra las autoridades penitenciarias y a "los responsables de la falta de medidas adecuadas para garantizar protección a funcionarios que se encuentran en una situación de riesgo".

"Exigimos al presidente de la República (el empresario Daniel Noboa) adoptar medidas eficaces en relación con la crisis carcelaria y de seguridad dentro de los CPL", añadió la Alianza de Derechos Humanos.

Las cárceles más conflictivas de Ecuador fueron militarizadas al inicio de 2024, después de que el presidente, Daniel Noboa, elevara la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con el que pasó a catalogar a las bandas criminales que operan en Ecuador como grupos terroristas.

Más de 500 presos fueron asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas entre 2021 y 2023, la mayoría en una serie de masacres entre bandas criminales que se disputaban el control interno de los centros penitenciarios. Esa violencia también saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023. EFE

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