Buenos Aires, 20 sep (EFE).- Argentina marca este viernes los 40 años desde la entrega del informe 'Nunca más', elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y que documentó las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
La Comisión, creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), recolectó miles de declaraciones y testimonios, verificó la existencia de sitios de detención clandestinos en toda la Argentina y produjo el informe, que fue utilizado como prueba para condenar a varios miembros de la cúpula militar que tomó el poder en 1976.
Durante el autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, la Junta Militar llevó a cabo una política represiva que se expandió por todo el territorio, ejerciendo control en la política, instituciones educativas, empresariales y en la vida social argentina y utilizando el terrorismo de Estado.
Las organizaciones de derechos humanos estiman la desaparición de unas 30.000 personas, que fueron detenidas ilegalmente, torturadas y asesinadas por motivos políticos y religiosos o por sospechar que integraban las guerrillas paramilitares de la época.
Los miembros de la Conadep, cuya tarea fue avalada por el Congreso y por organismos de derechos humanos, trabajaron durante 280 días para elaborar un extenso informe con un prólogo de su presidente, el escritor Ernesto Sabato, que inmortalizó la frase "Nunca más".
Este viernes, distintas organizaciones recuperaron aquella expresión y hicieron referencia al aniversario de aquel histórico documento.
"El 'Nunca Más' es la base para rechazar los negacionismos: describe los secuestros, la tortura, la organización del país en zonas con más de 340 centros clandestinos, las formas de asesinar y exterminar. El horror hacia las embarazadas, bebés, niños, niñas y adolescentes", señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado, en el que destacó además que fue la Conadep la que "explicó por qué y para qué las Fuerzas Armadas decidieron que la desaparición fuera el modo sistemático de exterminio".
El organismo alertó también sobre la retórica de miembros del Gobierno de Javier Milei sobre la dictadura militar y advirtió de que "ahora, como nunca había ocurrido desde entonces, asistimos a intentos oficiales de relativización, justificación y hasta de reivindicación de lo actuado por las fuerzas armadas en la última dictadura".
Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR), partido de centro al que pertenecía Alfonsín, destacó el trabajo de la Conadep a través de sus redes sociales, y enfatizó que esta labor "permitió que luego, durante el Juicio a las Juntas, existan pruebas de los delitos, asesinatos, torturas, violaciones, de los centros clandestinos de detención y los mecanismos que usaba la dictadura para desaparecer personas".
El resultado final del informe fue entregado al presidente Alfonsín y concluyó haber verificado 340 centros clandestinos y una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas.
Los más de 7.000 archivos recopilados en 50.000 páginas permitieron generar la base necesaria para el Juicio a las Juntas de 1985, que condenó a los principales dictadores argentinos y miembros de las Juntas militares.
Desde entonces, el país suramericano ha enjuiciado y condenado a 1.221 personas por crímenes de lesa humanidad pertenecientes al ámbito civil, policial y militar, y actualmente hay 15 juicios orales abiertos.