Hong Kong, 19 sep (EFE).- Un joven hongkonés fue condenado este jueves a un año y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de "realizar actos con intención sediciosa" al portar una camiseta y una mascarilla con eslóganes de protesta, según la controvertida Ordenanza de Seguridad Nacional de marzo de 2024.
Este caso marca un hito, al ser el primero en el que una persona es acusada y condenada bajo esta nueva normativa, que se fundamenta en el artículo 23 de la Ley Fundamental de la ciudad.
Chu Kai-pong, de 27 años, fue detenido el 12 de junio durante el aniversario de las protestas de 2019 por llevar una camiseta con el lema "Liberemos Hong Kong, revolución de nuestro tiempo" y una máscara amarilla con las letras "FDNOL", que aluden al eslogan "cinco demandas, ni una menos".
La policía hongkonesa alegó que estas frases “podían incitar al odio, el desprecio o la desafección contra el sistema fundamental del Estado establecido por la Constitución de la República Popular China”.
Durante la audiencia en el Tribunal de Magistrados de West Kowloon, Chu admitió haber llevado las prendas para recordar las protestas de 2019 y buscar empatía del público, por lo que se declaró culpable de “un acto con intención sediciosa” bajo la Ordenanza de Seguridad Nacional.
No obstante, su defensa argumentó que no había pruebas de que sus acciones incitaran a otros durante el breve tiempo que usó la indumentaria.
Aunque aceptó que la prisión era la única opción, expresó su esperanza de recibir el máximo descuento de un tercio de la condena por admitir su culpabilidad.
Las protestas antigubernamentales comenzaron en junio de 2019 en respuesta a un proyecto de ley de extradición que ha sido archivado desde entonces.
Con el tiempo, las movilizaciones se intensificaron, a veces con actos de disidencia violenta contra la policía, en medio de llamados a la democracia y la indignación por la intervención de Pekín.
Los manifestantes exigieron una investigación independiente sobre las fuerzas del orden, amnistía para los detenidos y el cese de la calificación de las demostraciones como "disturbios".
Así pues, el juicio y la condena de Chu marcan un hito significativo en la aplicación de la nueva legislación local, que busca limitar las voces disidentes en la región, lo que ha intensificado la polémica sobre los derechos civiles en la ex colonia británica.
La reforma se aprobó rápidamente en el Parlamento de la ciudad sin oposición a principios de año y se promulgó el 23 de marzo, dos décadas después de que fracasara un intento de aprobar una ley similar en 2003, tras una serie de airadas revueltas.
El Artículo 23 incluye crímenes que pueden conllevar cadena perpetua, como traición, insurrección, incitación a amotinarse y connivencia con fuerzas externas para dañar infraestructuras y poner en peligro la seguridad nacional.
La reforma ha generado controversia y críticas de gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de ‘un país, dos sistemas’ y la autonomía de la ciudad. EFE
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