Ecologistas critican a Brasil por pedir el aplazamiento de la ley de deforestación europea

São Paulo, 19 sep (EFE).- El Observatorio del Clima, principal red de organizaciones ecologistas de Brasil, criticó este jueves al Gobierno del país por presionar a la Unión Europea (UE) para que aplace la entrada en vigor de la ley de deforestación europea.

En un comunicado, la red de ONG subraya que Brasil tiene plena capacidad de beneficiarse de esa legislación europea, que restringe la importación de alimentos relacionados con la deforestación e implementa obligaciones ambientales "con las que Brasil ya se comprometió".

"Es inaceptable que, con todo el país en llamas y a las puertas de la COP30, funcionarios del Gobierno brasileño se comporten como portavoces de una parte de un sector de la economía altamente implicado en las causas de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, para argumentar a favor de que la UE retrase la aplicación de la legislación, lo que en última instancia perjudica al propio agronegocio brasileño", afirma el comunicado.

La semana pasada, el Gobierno de Brasil entregó una carta a autoridades europeas en las que pidió postergar la entrada en vigor de la nueva normativa y emplazó al bloque comunitario a dar una respuesta hasta el 1 de octubre.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, advirtió de que el país estudia otras medidas para evitar la aplicación de la normativa, que debería entrar en vigor el próximo diciembre.

La normativa comunitaria, aprobada en 2023, pretende evitar que las importaciones de la UE de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en los países exportadores.

La legislación establece que los exportadores de terceros países que quieran colocar sus productos en la UE tienen que atender una serie de complejos procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.

Según el Gobierno brasileño, la complejidad de las exigencias hace inviables las exportaciones brasileñas, especialmente las de pequeños y medianos productores.

Por ese motivo, Brasil considera la normativa como "unilateral" y "punitiva", y asegura que puede afectar hasta a la tercera parte de sus exportaciones.