Condenan en Ecuador a cinco años de cárcel a exsecretario de Comunicación de Correa

Quito, 19 sep (EFE).- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a cinco años de prisión a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), al considerarlo por unanimidad culpable del delito de peculado (malversación de fondos públicos), según anunciaron en sendos comunicados el máximo órgano de justicia del país y la Fiscalía.

La Sala Especializada de lo Penal, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional revocó la sentencia absolutoria de primera instancia, dictada en 2020, y acogió así el recurso que había presentado la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) y la Contraloría (Tribunal de Cuentas).

Dentro del denominado caso 'Secom', el tribunal conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Julio Inga, impuso la máxima pena posible por el delito de peculado tanto a Alvarado como al exsubsecretario de Comunicación Galo P., en calidad de coautores.

Alvarado se encuentra fuera de Ecuador desde octubre de 2018, cuando huyó tras quitarse el grillete electrónico que portaba como procesado en libertad.

La fuga de Alvarado desató una polémica en Ecuador sobre las medidas cautelares como el uso de los grilletes electrónicos de localización.

En esa época, Alvarado denunció que su caso obedecía a una persecución por parte de adversarios políticos de Correa, ligados a grupos de derechas y al Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021), quien rompió con el correísmo al llegar al poder.

Asimismo, el tribunal de la Corte Nacional dictó un año y ocho meses de cárcel para Carlos B. en calidad de cómplice, y para Pablo Y. un año de cárcel tras recibir una reducción de pena del 80 % por acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía General del Estado.

Los condenados, que a raíz de esta sentencia condenatoria perdieron sus derechos de participación, deberán pagar de forma proporcional una reparación integral de 225.000 dólares al Estado ecuatoriano, de acuerdo a sus grados de participación, según precisó la Corte Nacional en su comunicado.

Según el comunicado de la Fiscalía, los magistrados encontraron irregularidades en la contratación de Víctor Hugo E. como técnico audiovisual, "ya que no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo".

El Ministerio Público aseguró que durante el proceso pudo demostrar que Víctor Hugo E. "tenía una relación laboral con el Estado", pero a la vez "también entregaba los productos comunicacionales a Carlos B., de quien recibía disposiciones".

"Además, se comprobó que Carlos B., gerente de la productora Gota Azul, suscribió un contrato con la Secom (Secretaría General de Comunicación) y que, para cumplirlo, utilizaba el trabajo de Víctor Hugo E. Es decir, Carlos B. utilizó el trabajo de un funcionario remunerado por el Estado para su beneficio", sostuvo la Fiscalía.

"La prueba pericial de audio y video estableció que existían similitudes entre el material audiovisual entregado por Víctor Hugo E. y el proporcionado por Carlos Bravo. Por lo tanto, la Secretaría de Comunicación pagó dos veces por los mismos productos", concluyó.