Quito, 18 sep (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, pidió a la Asamblea Nacional (Parlamento) que inicie la "inmediata" fiscalización y control político sobre las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; y de Trabajo, Ivonne Núñez, por presunta persecución política.
En una carta de doce páginas a la que EFE tuvo acceso, Abad -quien actualmente despacha desde Turquía por temas de seguridad y por disposición del presidente, Daniel Noboa- asevera que el Ministerio de Trabajo ha iniciado contra ella un sumario administrativo por presunto abandono del cargo, por supuestamente no haber viajado a Ankara en el tiempo establecido.
El distanciamiento entre Noboa y Abad -evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023- se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.
Abad, quien asegura que Noboa busca sacarla del poder para no delegarle la Presidencia cuando él pida licencia para hacer campaña electoral con miras a reelegirse en las elecciones de 2025, recordó en su carta que la pérdida de su cargo de vicepresidenta sólo puede darse por las causas establecidas en la Constitución.
Y recordó que el Ministerio del Trabajo señaló que como vicepresidenta pertenece a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) pero en lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones de embajadora se sujeta a la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE).
Sin embargo, el mismo Ministerio del Trabajo "de forma inconstitucional, ilegal, arbitraria e ilegítima, sin tener la competencia para el efecto, ha iniciado un sumario administrativo en mi contra por presunto abandono del cargo", anotó.
"Esto significa que buscan sancionarme con la LOSEP por hechos que sucedieron bajo régimen de la LOSE, perdiendo de vista que sigo siendo la vicepresidenta de la República en funciones y que solo puedo ser sujeta de control y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional", aclaró.
Para Abad, el sumario administrativo iniciado en su contra "no es sino otro acto de persecución política y hostigamiento". "(Noboa) ha instaurado varios mecanismos para impedirme reemplazarlo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de éste ante su inminente candidatura", opinó la vicepresidenta.
Abad subrayó que "el Gobierno nacional ha desplegado todo su aparataje institucional" para separarla del cargo y aseveró que "el ejercicio abusivo del poder político se ha desbordado" en su contra.
La vicepresidenta asumió en la misiva que es la propia Cancillería la que estimuló el inicio del sumario administrativo en su contra por no haberse presentado en Ankara el 1 de septiembre conforme lo había dispuesto un viceministro. "Esto es 8 días antes de lo que establece la ley", apuntó Abad, que llegó a la capital turca el 9 de septiembre.
Abad explicó que la Cancillería entorpeció su traslado. "Hasta el último momento, nunca tuve respuesta sobre la forma en que operaría el traslado de mis hijos, debiendo ocuparme de su retorno a Ecuador", señaló.
"La orden de mi traslado a Turquía no es de carácter humanitario bajo ningún concepto, tiene el firme propósito de hacerme callar e incurrir en omisiones en el ejercicio del cargo", añadió.
Abad consideró que pretenden amordazarle y señala que "están ansiosos de que incumpla" las disposiciones "para desplegar el aparataje institucional persecutor" y separarla del cargo.
La petición a la Asamblea Nacional se da mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene pendiente dirimir la demanda por presunta violencia política de género presentada por Abad contra Noboa, la canciller y otros dos funcionarios, entre ellas la asesora presidencial Diana Jácome, que ha contrademandado a Abad por los mismos cargos.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno del Parlamento con los votos en mayoría de la oposición, frente a los apoyos obtenidos a favor del oficialismo. EFE
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