Ciudad de Guatemala, 17 sep (EFE).- La Misión de Solidaridad de Bélgica en Guatemala inició este martes una visita al país centroamericano para trasladar la sentencia de cadena perpetua que un tribunal de la ciudad de Lovaina dictó en diciembre de 2023 en contra de cinco exmilitares de alto rango por el asesinato, desaparición y tortura de tres sacerdotes belgas en el país en 1980, durante el conflicto armado interno (1960-1996).
La delegación integrada por seis representantes de la misión denominada Guatebelga, busca difundir la sentencia y ”darle el seguimiento judicial y político que merece para fortalecer la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad”, según indica un comunicado de la organización.
Reuniones con grupos de sociedad civil, universidades, así como con entidades del Estado es parte de la agenda que tendrá esta misión del 17 al 22 de septiembre.
El 14 de diciembre del año pasado, un tribunal penal de la ciudad de Lovaina encontró culpables al general y exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, el exministro de la defensa Ángel Cabrera, el exministro de Gobernación Donaldo Ruiz, al exjefe de inteligencia Manuel Callejas y al exjefe policial Pedro García Arredondo del asesinato y otros crímenes cometidos contra cuatro sacerdotes de la Congregación del Inmaculado Corazón de María.
De acuerdo con testimonios, el sacerdote Walter Vordeckeres fue asesinado por las fuerzas armadas el 12 de mayo de 1980 frente a la parroquia del poblado de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento (provincia) de Escuintla en el sur de Guatemala.
Además, el religioso Ward Capiu fue asesinado el 22 de octubre de 1981 en el poblado indígena de San Lucas Sacatepéquez donde se desempeñaba como misionero y Serge Berte fue desaparecido en enero de 1982 en una avenida principal de la Ciudad de Guatemala, lo llevaron a un centro clandestino de detención, fue asesinado y hasta la fecha su cuerpo sigue sin aparecer.
Mientras que el también sacerdote Paul Schildermans fue detenido arbitrariamente el 4 de enero de 1982 en la misma provincia, fue torturado en una cárcel clandestina de la región y liberado dos días después.
Las familias de los misioneros asesinados iniciaron un proceso penal en Bélgica en 2001 contra los altos mandos militares de Guatemala que se encontraban activos durante la comisión de los crímenes, amparados en la ley sobre la Represión de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario, que permite juzgar delitos cometidos contra ciudadanos belgas en cualquier parte del mundo.
El juicio celebrado en diciembre pasado no contó con la presencia de los acusados debido a que actualmente se encuentran presos en Guatemala bajo condenas por otros delitos de lesa humanidad y algunos de ellos, como el general Lucas García, aún tienen juicios pendientes por delitos como genocidio cometido contra pobladores indígenas del norte del país.
De acuerdo con la organización Guatebelga, esta visita también es un homenaje y agradecimiento de las familias de las víctimas con los guatemaltecos que decidieron declarar en el juicio ante un jurado de 12 ciudadanos belgas.
Entre 1970 y 1990 operaron en Guatemala estructuras paramilitares manejadas por el Estado bajo secreto, que se encargaban de manejar redes de espionaje y coordinar secuestro, tortura y asesinato de personas que supuestamente pertenecían a la insurgencia, de acuerdo con el informe Guatemala: Nunca Más del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI.
En 1999, Estados Unidos reveló un documento denominado 'Diario Militar', el cual contenía registro de las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1983 y 1985 en Guatemala.
Actualmente, existe un proceso penal contra nueve implicados en el asesinato y desaparición de más de 199 personas, pero avanza lentamente dentro de los tribunales guatemaltecos.