Hong Kong, 16 sep (EFE).- Un joven hongkonés se ha convertido en la primera persona condenada bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional tras declararse culpable de sedición por llevar una camiseta con un eslogan de protesta.
El joven se enfrenta a una pena máxima de siete años de prisión, que podría extenderse a diez en caso de demostrarse "connivencia con fuerzas extranjeras".
Chu Kai-pong, de 27 años, fue arrestado el pasado 12 de junio mientras portaba una camiseta con el mensaje “Liberar Hong Kong, revolución de nuestros tiempos” y una mascarilla que exhibía el acrónimo “FDNOL”, que alude al eslogan "cinco demandas, ni una menos".
La policía hongkonesa alegó que estas frases podían "incitar al odio, el desprecio o la desafección contra el sistema fundamental del Estado establecido por la Constitución de la República Popular China”.
Durante la audiencia en el Tribunal de Magistrados de West Kowloon, Chu admitió que vistió la camiseta para recordar las multitudinarias protestas de 2019 y buscar la empatía del público, por lo que se declaró culpable de “un acto con intención sediciosa” en virtud de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, conocida coloquialmente como Artículo 23.
No obstante, su defensa argumentó que no había pruebas de que las acciones de Chu incitaran a otros durante el breve tiempo que llevó la prenda, y aunque aceptó que la prisión era la única opción, expresó su esperanza de que se le concediera el máximo descuento de un tercio de la condena por admitir su culpabilidad.
El magistrado jefe Victor So, designado por el líder municipal John Lee para los casos de seguridad nacional, aplazó la lectura de la sentencia hasta el jueves.
Las protestas antigubernamentales comenzaron en junio de 2019 en respuesta a un proyecto de ley de extradición que ha sido archivado desde entonces. Con el tiempo, las manifestaciones se intensificaron, en ocasiones con actos de disidencia violenta contra la policía, en medio de llamados a la democracia y la indignación por la intervención de Pekín.
Los manifestantes exigieron demandas incluyendo una investigación independiente sobre la conducta de las fuerzas del orden, amnistía para los detenidos y el cese de la caracterización de las movilizaciones como "disturbios".
Así pues, el juicio de Chu marca un hito significativo en la aplicación de la nueva legislación local, que busca limitar las voces disidentes en la región, lo que ha intensificado la polémica sobre los derechos civiles en la ex colonia británica.
La reforma se aprobó por la vía rápida en el Parlamento de la ciudad, libre de oposición, a principios de este año, y se promulgó el 23 de marzo, dos décadas después de que fracasara un intento de aprobar una ley similar en 2003, tras una serie de airadas revueltas.
En el Articulo 23 figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
La reforma ha generado una intensa controversia y ha sido objeto de críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos, que prevén el comienzo de una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de "un país, dos sistemas" que ha sido fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad. EFE
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