Asunción, 16 sep (EFE).- Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visita Paraguay desde este lunes para conocer el estado de cumplimiento de unas sentencias que ordenaron al Estado la restitución de tierras ancestrales a tres comunidades indígenas, informaron organizaciones de derechos humanos.
La comitiva, encabezada por el juez de la CorteIDH Rodrigo Mudrovitsch y delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudirá hasta la comunidad Yakye Axa, del pueblo Enxet, en el departamento de Presidente Hayes (oeste), dijo a EFE la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León.
También se trasladará hasta las comunidades Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa, ambas en Presidente Hayes, en la región del Chaco.
De las visitas participarán representantes del Estado y de las víctimas.
Posteriormente, tendrán lugar audiencias privadas "de supervisión de cumplimiento de sentencias", refirió De León, quien confirmó que los delegados internacionales estarán hasta el viernes.
Los encuentros se llevarán a cabo en la Corte Suprema de Justicia, en Asunción.
En el caso de la comunidad Yakye Axa existe una sentencia de 2005 que condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a propiedad colectiva de la tierra.
La comunidad fue despojada de sus tierras ancestrales y el Estado, en cumplimiento de la sentencia, entregó 12.312 hectáreas de terrenos alternativos en 2012, pero no podían acceder a estos por la falta de caminos.
La Corte supervisará el estado de construcción de un camino de ingreso a las tierras comunitarias, además de "cuestiones de infraestructura" relacionadas con servicios básicos, detalló la abogada.
Por su parte, la comunidad Xákmok Kásek fue beneficiada con una sentencia en 2010 que ordenó a Paraguay restituir 10.700 hectáreas reclamadas, pero solo 7.701 hectáreas fueron devueltas, según un comunicado de la organización Tierra Viva, una de las representantes de la comunidad.
A su turno, la comunidad Sawhoyamaxa, con una sentencia de la CorteIDH en 2006, logró que el Estado expropiara a su favor 14.404 hectáreas de terreno que les habían sido arrebatadas.
Las tres comunidades fueron visitadas en 2017 por el entonces juez de la CorteIDH Patricio Pazmiño.
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