Peruano implicado en un asesinato llega a Lima tras ser extraditado desde Rusia

Lima, 14 sep (EFE).- El ciudadano peruano Abel Valdivia llegó este sábado a Lima custodiado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser extraditado desde Rusia por el asesinato de un comunicador, en un caso que fue ampliamente difundido por medios locales y derivó en una investigación por presunta corrupción contra la entonces tercera vicepresidenta del Congreso.

Valdivia deberá cumplir un mandato de 18 meses de prisión preventiva mientras es procesado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.

Medios locales informaron que el hombre arribó con una capucha y grilletes hasta el aeropuerto internacional de Lima, hasta donde también llegaron amigos y familiares del comunicador asesinado para exigir que reciba una condena justa, entre ellos su padre, Simón Enrique.

"Solo le digo a Abel Valdivia: él es padre, que se haga responsable y declare quiénes le ayudaron a fugar, quiénes están implicados en el homicidio. Tal vez su pena se rebaje. Queremos justicia", declaró a la emisora RPP.

Un comandante y un suboficial de la PNP viajaron a Moscú para "recibir, custodiar y trasladar" hacia Lima a Valdivia Montoya, quien fue capturado por la Interpol en la ciudad rusa de Kazán tras salir de Perú en octubre de 2023.

El detenido es acusado de asesinar con un arma de fuego al productor audiovisual Christiam Enrique Tirado tras una pelea que se produjo en una fiesta realizada en Lima, en un evento del que la prensa local publicó imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el crimen, las pericias policiales determinaron que Valdivia era el "presunto sospechoso principal" del uso de un arma de fuego que causó la muerte de Enrique en una fiesta a la que acudieron diversos personajes, entre ellos la legisladora Rosselli Amuruz, por entonces tercera vicepresidenta del Congreso peruano.

Debido a su presencia en esa reunión, un sector del Congreso presentó una moción de censura contra Amuruz, que fue archivada con votos del partido fujimorista Fuerza Popular y de la ultraderechista Renovación Popular.

El 23 de octubre del año pasado, la Fiscalía de Perú anunció que había abierto una investigación preliminar a Amuruz por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Estas pesquisas se realizaron por las supuestas contrataciones irregulares de personas cercanas a la pareja de la legisladora, un exparlamentario que también asistió a la fiesta en la que se produjo la pelea y asesinato.

En julio pasado, la Fiscalía de la Nación (general) presentó una denuncia ante el Congreso contra Amuruz por una posible instigación del delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo por la contratación de tres personas, entre las que estuvo Enrique Tirado. EFE

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