La elección popular de jueces en México: lecciones del caso boliviano y un debate abierto

Redacción América, 12 sep (EFE).- Hace trece años Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en el que los jueces son elegidos en votación popular. En estos momentos, México prepara una reforma en el mismo sentido. Ambos sistemas comparten la idea de democratizar la elección de jueces, pero Bolivia ya ha implementado el modelo con resultados cuestionables, mientras que en México la reforma es aún un debate abierto, con preocupación en algunos sectores sobre la independencia judicial y los riesgos de politización.

A continuación se ofrece una comparación entre ambos modelos.

Contexto político y legal

     Bolivia:

     - En 2011 Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elegir jueces y magistrados mediante voto popular, como parte de un proceso impulsado por el Gobierno de Evo Morales para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites.

     - Los magistrados de tribunales nacionales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, son elegidos directamente por el voto ciudadano.

     México:

     - La reforma de México -aprobada ya en el Parlamento y la mayoría de los 32 estados-  busca que los jueces federales, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por votación popular, lo que sería un cambio radical en un sistema en el que tradicionalmente jueces y magistrados son designados por el Consejo de la Judicatura, y el presidente nomina a los integrantes de los máximos tribunales ante el Senado.

     - La reforma es impulsada por sectores que buscan reducir la influencia política y presidencial sobre el poder judicial.

Proceso de elección  

     Bolivia:

     - Los candidatos a jueces y magistrados son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que propone listas de candidatos basadas en criterios de mérito y experiencia. Estas listas son luego sometidas a votación popular.

     - La elección es universal y no se requiere formación jurídica para participar como votante, aunque la campaña política está estrictamente limitada, lo que restringe la publicidad y la proyección mediática de los candidatos.

     México:

     - La reforma en México elimina la llamada carrera judicial y establece que los candidatos propuestos por los tres poderes sean elegidos directamente por el voto popular. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad, en 2027.

     - Se espera que, de aprobarse, la reforma incluya una preselección de candidatos por parte de algún órgano judicial o legislativo antes de someter a los candidatos a votación pública

Transparencia y legitimidad 

     Bolivia:

     - El sistema boliviano ha sido criticado por la falta de independencia, ya que la preselección de los candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, controlada generalmente por el partido mayoritario, lo que introduce un sesgo político.

     - La baja participación en las elecciones judiciales (con un alto porcentaje de votos nulos y blancos) ha generado dudas sobre la legitimidad del proceso.

     México:

     - La reforma en México plantea dudas similares sobre la independencia judicial, ya que si los candidatos son seleccionados previamente por instancias políticas, podría comprometer la imparcialidad del proceso.

     - Además, la reforma ha generado debate sobre si los jueces electos por voto popular serán menos técnicos y más susceptibles a presiones políticas y populistas.

Objetivos y argumentos  

     Bolivia:

     - El objetivo declarado es democratizar el sistema judicial y permitir que los ciudadanos tengan una voz directa en la elección de los magistrados, combatiendo así la corrupción y los intereses de las élites.

     - Sin embargo, los críticos argumentan que el proceso no ha mejorado significativamente la administración de justicia ni ha reducido la influencia política en los tribunales.

     México:

     - Los defensores de la reforma en México argumentan que la elección popular de jueces fortalecería la independencia judicial, al reducir la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos, y combatiría el nepotismo que consideran que se ha instalado en su seno.

     - Los opositores temen que la reforma politice aún más la justicia y que los jueces, al ser electos, puedan inclinarse hacia posiciones populistas en lugar de interpretar la ley de manera imparcial, y algunos sectores incluso advierten del riesgo de penetración del crimen organizado.

Impacto en el sistema judicial  

     Bolivia:

     - La implementación del voto popular ha resultado en un sistema judicial que sigue enfrentando críticas por su ineficiencia y falta de independencia.

     - La elección de jueces mediante el voto popular no ha resuelto los problemas crónicos de corrupción ni la percepción pública negativa hacia el sistema de justicia en Bolivia.

     México:

     - El impacto aún es incierto, pero los críticos advierten de que la elección directa de los jueces podría llevar a una mayor politización del sistema judicial, e incluso podría afectar a la certidumbre jurídica, necesaria para garantizar las inversiones extranjeras.

     - Si se aprueba, la reforma podría cambiar la naturaleza de la justicia en México, influyendo en cómo los magistrados interpretan la Constitución y las leyes, dependiendo de las dinámicas electorales. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial podría actuar contra los jueces cuyos fallos no fuesen del agrado del Ejecutivo.

Participación ciudadana  

     Bolivia:

     - La participación en las elecciones judiciales ha sido históricamente baja. A pesar de que en Bolivia el voto es obligatorio, muchos ciudadanos optan por anular su voto o emitirlo en blanco, lo cual evidencia una desconfianza general hacia el sistema

     México:

     - Se espera que la participación ciudadana sea un tema central. Los críticos señalan que la complejidad de los temas judiciales, con más de 1.600 vacantes y al menos seis candidatos por cada una de ellas, pueda dificultar una elección informada por parte de la ciudadanía.

Manuel Fuentes