El Parlamento aprueba crear un tribunal especializado para casos de esclavitud y tráfico de personas

El Parlamento de Mauritania ha aprobado un proyecto de ley que contempla la creación de un tribunal especial para los casos de esclavitud y tráfico de personas, incluidos migrantes, con el objetivo declarado de poder combatir de forma más efectiva contra este tipo de crímenes. El ministro de Justicia mauritano, Mohamed Mahmud Uld Abdalá ben Beyé, ha sostenido que el proyecto busca "lograr una serie de objetivos y principios relacionados con la adecuada administración de la justicia" a través de "reformas al número, composición y operaciones" de estos tribunales. Así, ha resaltado que, si bien ya existen tribunales especializados en la lucha contra la esclavitud en el país, son necesarias "correcciones" para abordar la "falta de naturaleza especializada" en su composición, según ha recogido la agencia mauritana de noticias, AMI. Ben Beyé ha afirmado además que el objetivo es "mejorar la profesionalidad del trato judicial a los crímenes de esclavitud, trafico de personas y contrabando de migrantes, al tiempo que se mejora la protección de los Derechos humanos". El Parlamento ha aprobado además una modificación de la Ley de Migración que castiga con entre dos y seis mees de cárcel y multas de entre 50.000 y 500.000 (entre 1.150 y 11.500 euros) uguiyas a aquellas personas que entre al país sin pasar por alguno de los puestos fronterizos oficiales. Además, la nueva legislación castiga con penas de prisión de entre seis meses y dos años a quien ayude a cualquier persona con vistas a una entrada o estancia irregular en Mauritania, tal y como ha recogido el portal mauritano de noticias Cridem. El ministro del Interior, Mohamed Ahmed Uld Mohamed el Amín, ha destacado que estas reformas son necesarias debido a la ubicación geográfica del país, que ejerce de bisagra entre el Sahel y el Magreb, haciendo frontera con Senegal, Malí, Argelia y Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. El Amín ha argumentado que esta situación ha llevado al país en convertirse en uno de tránsito y asentamiento de migrantes en situación irregular, en parte debido al "turbulento contexto regional", en referencia al aumento de la inseguridad en el Sahel por los ataques por parte de grupos yihadistas. El ministro ha sostenido que las cifras de migrantes deportados "aumenta constantemente", con cerca de 10.800 expulsados en los ocho primeros meses del año, un catorce por ciento más que este mismo periodo en 2023, antes de recalcar que la ley busca "limitar" las repercusiones a nivel social, económico y de seguridad. "Mauritania no será el guardian de las fronteras de otros y su intervención se limitará a controlar las suyas de una forma que garantice sus intereses, seguridad y estabilidad, haciendo frenet a la migración irregular en línea con el Derecho Internacional y los principios de los Derechos Humanos", ha zanjado.