Buenos Aires, 12 sep (EFE).- La Cámara de Diputados de la norteña provincia argentina de Misiones decidió este jueves expulsar de ese órgano legislativo a Germán Kiczka, detenido por presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.
Kiczka fue expulsado de la Cámara de Diputados provincial por el voto unánime de los 38 legisladores presentes en la sesión de este jueves.
Este cuerpo legislativo ya había resuelto, en sesiones anteriores, quitarle los fueros parlamentarios y la dieta (salario) a Kiczka.
El diputado había llegado al cuerpo como integrante de Activar, una fuerza que participó en las elecciones de 2021 y de 2023 junto a la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio y es cercano a La Libertad Avanza (ultraderecha), el partido del presidente, Javier Milei.
Kiczka declaró este jueves durante unas tres horas ante el juez de Instrucción 4 de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faría.
Ante el magistrado, el ahora exdiputado negó los cargos que se le imputan y señaló que un ordenador incautado en una de los registros y que contenía imágenes de abusos sexuales a niños no era suyo.
Por otra parte, consultado por los seis días en los que estuvo prófugo, tras la orden de detención en su contra el pasado 22 de agosto y hasta su detención el día 28 de ese mes en la provincia de Corrientes (noreste), explicó que no se había fugado sino que "estaba en un retiro espiritual".
Kiczka está acusado junto a su hermano mayor, Sebastián, de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
A principios de agosto, la policía encontró gran cantidad de material de pornografía, abuso infantil y zoofilia en distintos dispositivos electrónicos en posesión de los hermanos.
Las investigaciones surgieron a raíz de la operación 'Guardianes digitales por la niñez', cuando a principios de marzo pasado la Policía Federal Argentina desbarató una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, tras una denuncia de la ONG The International Centre for Missing and Exploited Children (Icmec), con sede en Estados Unidos, que derivó en registros en domicilios de la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán. EFE
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