Brasil emplaza a la UE a responder hasta el 1 de octubre sobre la ley de deforestación

São Paulo, 12 sep (EFE).- El Gobierno de Brasil informó este jueves que ha dado plazo a la Unión Europea hasta el 1 de octubre para responder a su petición de suspender la aplicación de la normativa comunitaria que restringe la importación de alimentos relacionados con la deforestación.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, anunció este plazo para la respuesta europea, advirtiendo que el país estudia otras medidas para evitar la aplicación de la normativa, que debería entrar en vigor el próximo diciembre.

"Hemos dado de plazo hasta el 1 de octubre para que la Unión Europea se manifieste formalmente. En caso de que no lo hagan, buscaremos otros mecanismos para que esa implementación no ocurra de forma unilateral", dijo Fávaro en declaraciones a los periodistas al margen de una reunión de ministros de Agricultura del G20, celebrada en el estado brasileño de Mato Grosso.

El ministro brasileño le entregó este miércoles una carta al comisario europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Januz Wojciechowski, pidiendo la suspensión de la ley antideforestación y "la revisión del abordaje punitivo a los productores".

Según Fávaro, el comisario europeo le "relató que tiene problemas en el bloque" por esa ley, puesto que varios países miembros han pedido un aplazamiento de la aplicación de las medidas.

"Para evitar un impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto", afirma la carta.

La normativa comunitaria, aprobada en 2023 y que entrará en vigor el próximo diciembre, pretende evitar que las importaciones de la UE de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en los países exportadores.

La legislación establece que los exportadores de terceros países que quieran colocar sus productos en la UE tienen que atender una serie de complejos procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.

Según el Gobierno brasileño, la complejidad de las exigencias hace inviable las exportaciones brasileñas, especialmente las de pequeños y medianos productores.

Por ese motivo, Brasil considera la normativa como "unilateral" y "punitiva", y asegura que puede afectar hasta la tercera parte de sus exportaciones.