Respuesta del Estado salvadoreño a informe de CIDH es "lamentable", dicen organizaciones

San Salvador, 9 sep (EFE).- Un grupo de organizaciones humanitarias de El Salvador llamaron este lunes al Estado salvadoreño a cumplir con las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionadas con el régimen de excepción y lamentó la reacción oficial cuestionando la transparencia en la elaboración del informe.

Sobre la críticas de una comisión gubernamental de derechos humanos al informe del ente regional, David Morales, de la organización Cristosal, lamentó la respuesta y dijo que estaba "fuera de lugar".

"Es totalmente lamentable e inaceptable, me parece que la respuesta del Estado no se corresponde con sus obligaciones" y "se le pide que toda práctica de tortura y detenciones ilegales cesen; se le pide que no siga construyendo un sistema penal que violenta sistemáticamente el debido proceso y la respuesta es cuestionar la metodología", indicó el defensor de derechos humanos.

Agregó que "el Estado no pudo demostrar que ejerce una política integral de seguridad, más allá del régimen de excepción y tampoco pudo presentar evidencia creíble que no estarían ocurriendo estas violaciones a derechos humanos".

Las organizaciones urgieron, según una nota colgada en el sitio oficial de Cristosal, a que el Estado cumpla las recomendaciones, que incluyen la creación de un registro de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción y la investigación de muertes y casos de tortura de personas detenidas.

También el establecimiento de un plan integral de reparación para las víctimas y sus familiares, y garantías del debido proceso en los juicios.

Este pronunciamiento fue acompañado también por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y otras seis organizaciones más.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno salvadoreño cuestionó que "además de los problemas metodológicos, el informe y las circunstancias de su elaboración ponen en evidencia una preocupante falta de transparencia e imparcialidad".

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 tras una escaldada de homicidios atribuidos a las pandillas, se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han liberado más de 7.000.

Estas organizaciones han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE

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