Expertos de la ONU piden el despliegue de "una fuerza independiente e imparcial" ante los crímenes en Sudán

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha reclamado este viernes el despliegue de "una fuerza independiente e imparcial" para proteger a la población de Sudán ante las "horrorosas violaciones" de los Derechos Humanos en el marco de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), algunas de las cuales podrían equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad. La Misión Internacional de Investigación Independiente de la ONU ha indicado en su primer informe que las partes en conflicto han cometido "una espantosa variedad de horrorosas violaciones de los Derechos Humanos y crímenes internacionales", incluidos ataques indiscriminados y directos contra civiles, escuelas, hospitales y otras infraestructuras críticas. Asimismo, ha manifestado que el Ejército y las RSF han cometido violaciones y otros actos de violencia sexual, arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos contra civiles, por lo que el jefe de la misión, Mohamed Chande Othman, ha recalcado que "la gravedad de estos hallazgos subraya la necesidad de acciones urgentes e inmediatas para proteger a los civiles". "Dado el fracaso de las partes en conflicto a la hora de evitar causar daños a los civiles, es imperativo que sea desplegada cuanto antes una fuerza independiente e imparcial con mandato para proteger a los civiles", ha sostenido Othman, según un comunicado publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "La protección de la población civil es primordial y todas las partes deben cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y cesar de forma inmediata e incondicional todos los ataques contra la población civil", ha reiterado. El informe recoge que las RSF y sus milicias aliadas habrían cometido además violaciones, actos de esclavitud sexual, saqueos, desplazamiento de población y reclutado a niños menores de 15 años para que participen en las hostilidades, además de apuntar a su responsabilidad en ataques contra comunidades no árabes, particularmente los masalit, en Darfur, donde se habrían registrado asesinatos, torturas, violaciones y saqueos. Los investigadores consideran que hay motivos razonables para considerar que las acciones de las RSF y sus milicias aliadas equivalen a crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la guerra, que estalló en abril de 2023 y ha dejado decenas de civiles muertos y heridos, además de cerca de diez millones de desplazados --ocho millones a nivel interno y dos millones a otros países--. "El pueblo de Sudán sufre una tragedia inimaginable", ha lamentado Joy Ngozi Ezeilo, miembro del equipo de investigación. "Un alto el fuego sostenible debe ser una prioridad para detener los combates en los que los civiles están atrapados y permitir una entrega efectiva de una ayuda humanitaria muy necesaria a todos los que la requieran, independientemente del lugar en el que se encuentren". El documento ha sido redactado a raíz de unas investigaciones llevadas a cabo entre enero y agosto --incluidas visitas a Chad, Kenia y Uganda y entrevistas a más de 180 supervivientes, familiares y testigos-- y recomienda además una expansión a todo el país del embargo de armas impuesto en 2004 por el Consejo de Seguridad de la ONU en el marco del conflicto en Darfur. "Los hallazgos deben servir como toque de atención a la comunidad internacional para que adopte acciones decisivas para apoyar a los supervivientes, sus familias y a las comunidades afectadas, así como para hacer que los responsables rindas cuentas", ha dicho Mona Rishmawi, también miembro de la comisión de investigación. En este sentido, ha destacado que "un enfoque integral de la justicia de transición es vital para abordar las causas profundas del conflicto y garantizar la rendición de cuentas", mientras que Othman ha incidido en que "el pueblo de Sudán merece un futuro marcado por la paz, la prosperidad y el respeto de los Derechos Humanos". Por último, Othman ha hecho hincapié en que "la comunidad internacional debe apoyar la aspiración sudanesa de un gobierno civil inclusivo y representativo que respete los derechos de todos los ciudadanos". "Este apoyo es esencial para promover un camino hacia la igualdad, la justicia y la paz sostenible en Sudán", ha apostillado.