Túnez ha frenado este año la entrada ilegal de 30.000 migrantes a través de sus fronteras

Guardar

Nuevo

Túnez, 5 sep (EFE).- Las autoridades tunecinas impidieron desde inicios de año la entrada ilegal de cerca de 30.000 personas migrantes, en su mayoría originarias del África Subsahariana, a través de sus fronteras terrestres mientras que 2.500 aceptaron el "retorno voluntario" a sus países, informó este jueves el portavoz de la Guardia Nacional, Houcem Eddine Jebabli.

El responsable comparó esta cifra con las 11.500 personas interceptadas en 2023 y las casi 29.800 durante 2022, y aseguró que Túnez "no vigila las fronteras europeas sino que ejerce su soberanía nacional".

El funcionario realizó estas declaraciones en respuesta a las críticas recibidas sobre el acuerdo alcanzado un año antes con la Unión Europea para financiar parte del presupuesto estatal a cambio de frenar la migración.

En los primeros ocho meses del año, reveló, las fuerzas de seguridad han impedido que 70.000 migrantes traten de alcanzar la costa italiana, situada a 150 kilómetros de distancia, a bordo de embarcaciones precarias.

Desde el pasado mes de junio Túnez cuenta con una zona de búsqueda y salvamento (SAR) en el mar Mediterráneo, un hecho que, según el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), sólo beneficia a los intereses italianos y europeos.

Jebabli explicó a la prensa local que Túnez ha pasado de ser un país de tránsito a uno de acogida y recibe un importante número de migrantes desde que se anulara en la última década la obligación de visado para una decena de estados africanos con el fin de facilitar la movilidad, entre ellos República Centroafricana, Congo, Burkina Faso y Guinea Bissau.

Para el portavoz, muchos de estos ciudadanos llegan al territorio por motivos médicos, de estudios o por turismo y exceden el tiempo de estancia permitido para más tarde partir en pateras con ayuda de las redes de tráfico, dirigidas tanto por nacionales como por extranjeros.

Organizaciones humanitarias denuncian el "racismo institucional" después de que el presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social"- acusase a las "hordas" de ciudadanos subsaharianos de formar parte de un complot para cambiar la identidad "arabo-musulmana" del país.

Desde entonces miles de personas solicitaron el retorno voluntario a sus países y otras miles han optado por las salidas por mar ya que Túnez no es un lugar "seguro" para los migrantes, alertan las ONG, además de las campañas de detenciones arbitrarias, acoso y agresiones a personas negras, incluidos refugiados, demandantes de asilo y residentes legales.

Cientos de ellos, incluidos mujeres embarazadas y menores, fueron enviados a las fronteras desérticas con Argelia y Libia, sin acceso a agua, comida ni asistencia.

El mandatario insiste en que no ejercerá como "guardián" del Mediterráneo tras la firma en julio pasado de un memorando de entendimiento con la Unión Europea para reforzar el control de sus fronteras a cambio de un importante apoyo financiero y cuya transparencia ha sido cuestionada por el Parlamento Europeo. EFE

no-nrm/ie

Guardar

Nuevo