Madrid, 05 sep (EFE).- La Fiscalía General del Estado español ha detallado que su delegación en las islas atlánticas de Canarias se vio "totalmente desbordada de un día para otro" a partir de septiembre del año pasado, al tener que hacer frente a un número ingente de expedientes sobre menores no acompañados.
En su memoria anual correspondiente a 2023, el Ministerio Público español constata un "notable incremento" de los menores extranjeros no acompañados llegados a España en pateras, con un total de 4.865 en 2023, lo que supone más de un tercio de los 12.878 inscritos en el registro de estos menores migrantes bajo tutela de los servicios sociales.
Eso significa que los menores extranjeros que llegaron a las costas españolas el pasado año fueron más del doble que los que accedieron en 2022, cuando lo hicieron 2.375 niños y adolescentes migrantes.
La mayoría de los 4.865 menores que entraron solos en España en 2023 fueron hombres -solo se localizaron 238 niñas- y procedían fundamentalmente de Senegal (1.780); Marruecos (1.075); Gambia (657) y Argelia (472).
En su informe, la Fiscalía destaca que si bien Canarias desde 2020 soporta un importante flujo de embarcaciones, ha sido desde julio del año pasado cuando la situación se ha agravado, con una media de 100 inmigrantes diarios llegados a sus costas.
"Desde julio de 2023 comenzó una llegada ingente de cayucos a Tenerife y El Hierro, que se ha extendido a todas nuestras cosas y que ha supuesto una auténtica crisis humanitaria", enfatiza la memoria.
La presión migratoria que padece Canarias desde el continente africano se ha agravado en los últimos meses, que ha visto como entre enero y agosto han llegado un 123 % más de inmigrantes a sus cosatas que el mismo periodo del año pasado.
En el caso de los menores, Canarias tiene una capacidad de acogida de 4.339 menores migrantes, si bien hay actualmente 5.283, según datos oficiales.
Víctimas de trata entre refugiados ucranianos
Por otro lado, la Unidad de Trata y Extranjería hace constar el carácter prioritario que para la misma ha tenido desde el estallido del conflicto bélico de Ucrania tanto la detección temprana de potenciales víctimas de trata entre los desplazados de aquel país solicitantes de protección temporal en España, como el seguimiento de los casos que hayan dado lugar a procedimientos judiciales.
Así, en 2023 se han incoado 6 diligencias de seguimiento con víctimas ucranianas, cuatro por trata de seres humanos con fines de explotación laboral (fueron identificadas 17 víctimas) y dos para explotación sexual. EFE
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